10 comunidades y 3 organizaciones agrarias se unen para pedir la retirada de la inminente orden del lobo

Diez comunidades -Castilla y León, Asturias, Cantabria, Galicia, Aragón, Andalucía, Comunidad de Madrid, Murcia, País Vasco y ciudad autónoma de Ceuta- y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA impulsaron hoy una iniciativa común para reclamar al Gobierno que retire el procedimiento de aprobación de la orden por la que se pretende incluir al lobo en el listado de especies no cinegéticas.

Así se acordó durante la “cumbre” online que mantuvieron los consejeros de estas comunidades y las organizaciones representativas de los ganaderos, según informó COAG en un comunicado.

Tras la suspensión del mismo, gobiernos autonómicos y organizaciones agrarias pidieron a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, la apertura de un proceso de diálogo y consenso con todos los actores implicados, con el objetivo de negociar un plan global de gestión del lobo ibérico que garantice su preservación y el futuro de la ganadería extensiva.

UPA, COAG y ASAJA calificaron como “muy positivo” el encuentro, al tiempo que señalaron “la importancia de la unidad del sector y las administraciones regionales” para defender la imprescindible labor de la ganadería extensiva para el desarrollo económico y social del medio rural, la gestión del territorio y el mantenimiento de la biodiversidad.

Explicaron que la inclusión del lobo en el listado de protección especial supone, en la práctica, dejar de gestionar y controlar al lobo al norte del Duero. “Un depredador que causa pérdidas constatadas de más de seis millones de euros al año a los ganaderos en España y devora más de 10.500 cabezas de ganado, fundamentalmente en Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León y Madrid”, indicaron.

Finalmente, indicaron que se calcula que en España hay unos 3.000 lobos, muy por encima de países como Francia, Alemania, Suiza, Noruega o Suecia. Sin embargo, explicaron que estas cifras son estimaciones, pues el censo está pendiente de actualizar desde 2012. A pesar de ello, criticaron que el Gobierno pretenda incrementar aún más esa cifra, lo que aumentaría la presión sobre los ganaderos “de forma insoportable”.