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La deuda de Castilla y León con las empresas de tecnología sanitaria aumenta un 23% en un año, hasta los 68 millones

El periodo medio de pago a los proveedores en la Comunidad se sitúa en 86 días, un mes más tarde de lo que fija la ley

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La deuda de Castilla y León con las empresas de tecnología sanitaria aumentó un 23,6 por ciento en el último año, hasta los 68 millones de euros, mientras que el periodo medio de pago se incrementó un 22,8 por ciento, con 86 días, lo que supone casi un mes más de lo que fija la ley. Son datos recogidos por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) en su Observatorio de Deuda.

El informe de Fenin, que representa a más 500 empresas fabricantes y distribuidores en España y constituyen el 80 por ciento del volumen total de negocio, señala que la deuda contraída por la Comunidad significa el siete por ciento del volumen total del país, un porcentaje que suponía el 5,6 por ciento al cierre del primer trimestre del año. A 31 de marzo pasado, las facturas pendientes de cobro eran de 43 millones de euros, frente a los 86 millones del 30 de junio, mientras que la demora en el pago ha pasado de 76 a 86 días. A finales de 2018, la morosidad en Castilla y León ascendía a 39 millones y el tiempo de abono era de 48 días.

Según datos consultados por la Agencia Ical, la cifra global de facturas pendientes de cobro del conjunto de las comunidades con las compañías de tecnología sanitaria durante el primer semestre del año se situó en 967 millones, un 24,7 por ciento más respecto a los tres primeros meses de 2019 y un 26,9 por ciento más que hace un año. Los tiempos medios de pago en España se situaron en 93 días, 19 más que en el primer semestre de 2018.

Valencia es la comunidad que debe más dinero a las empresas de tecnología sanitaria, con un importe que se dispara a los 191 millones de euros, seguido de Madrid (155 millones) y Cataluña (139 millones). En cuanto al periodo medio de pago, Galicia, Andalucía, Navarra, La Rioja, Asturias, País Vasco y Canarias se sitúan por debajo de los 60 días. Hay que recordar que en 2010, el plazo de abono fue limitado por ley a 60 días naturales, a contar desde la fecha de recepción de las mercancías.

Fenin destaca el caso de Galicia, que paga a los proveedores del sector en 28 días, seguida de Andalucía (44), Navarra (45) y La Rioja (49). En el lado contrario, están Murcia, con una demora de 198 días. A continuación, aparecen Cantabria (177), Cataluña (155), Valencia (150) y Madrid (111). El informe de la federación valora el esfuerzo de algunas regiones por reducir sus días de pago en el último año como Extremadura, al pasar de 178 días a 103. Baleares bajó 16 días, hasta 110 y Canarias, 12, hasta los 58.

El Observatorio de la Deuda, que es la principal herramienta utilizada por Fenin para analizar la evolución de la morosidad en las comunidades, refleja que, en el conjunto de España, el 74 por ciento de las facturas pendientes de cobro corresponde al ejercicio de 2018 y el 26 por ciento restante, al de 2017 y anteriores.

 

Renovación de equipos

La federación defiende la necesidad de que los centros sanitarios públicos cuenten con tecnología innovadora que mejore la salud y calidad de vida de los pacientes. En ese sentido, Fenin apuesta por la renovación de los equipos tecnológicos instalados, tanto en hospitales públicos como privados. Una demanda que se produce después de comprobar que en 2018 la inversión destinada a sustituir los equipamientos se centró en el mercado de reposición, lo que no permitió corregir el nivel de obsolescencia. De esta manera, denuncia no se resuelve el déficit del sistema sanitario.

 

Donación Amancio Ortega

Frente a la desaceleración de la inversión en equipos, Fenin apoyó la iniciativa de la Fundación Amancio Ortega que el año pasado donó al sistema sanitario público 320 millones de euros para mejorar el parque tecnológico instalado en los hospitales públicos, sobre todo tras constatar que es el más antiguo de las últimas décadas.

El dinero donado por la entidad del empresario se destinó, básicamente, a equipamiento de tratamiento y diagnóstico oncológico. Un área necesitada ya que, tal y como reveló el estudio ‘Perfil tecnológico hospitalario y propuestas para la renovación de tecnologías sanitarias’, el 70 por ciento de los TACs, el 69 por ciento de los ecógrafos, y el 81 por ciento de los equipos de soporte vital superan los cinco años de antigüedad. Unos datos que, a juicio de Fenin, no cumplen con las reglas marcadas por el Comité de Coordinación Europea de la industria Radiológica, Electromédica y Sanitaria (COCIR) en cuanto a obsolescencia. Esas recomendaciones señalan, entre otras cosas, que el 60 por ciento de los equipos debería tener menos de un lustro.

La Federación valora este tipo de donaciones porque facilita el acceso de los profesionales y los pacientes a la tecnología más innovadora, a diagnósticos más precisos y a terapias y tratamientos más eficaces. Además, facilitó que el dinero presupuestado por los hospitales del sistema sanitario público para ese año lo destinaran a la renovación de otro tipo de equipamientos como las angiografías, radiología general e intervencionista y ecografías, entre otros.

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