64 detenidos, dos de ellos de León, por adquirir documentos falsos en el extranjero a través de redes sociales

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, detuvieron a 64 personas, dos de ellas de León, e interceptaron 136 permisos de conducir, pasaportes o documentos de identidad falsos que adquirían a través de redes sociales.

Los documentos eran todos con nacionalidad europea para poder circular por territorio Schengen sin dificultad y lo detenidos se ponían en contacto con los falsificadores a través de redes sociales y mensajería instantánea fijando un precio entre 1.000 y 3.000 euros por documento y fecha de envío a España. Se les imputan delitos de contrabando, falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por favorecimiento de la inmigración irregular.

La investigación se inició por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en el marco de sus controles sobre envíos de paquetería procedentes del extranjero, que habían sido seleccionados mediante técnicas de análisis de riesgos. Los funcionarios detectaron envíos con documentación falsificad, por lo que contactaron con el Punto Atenas de la Policía Nacional para verificar la falsificación de los documentos interceptados.

A lo largo de la investigación, se detectó que los clientes se ponían en contacto con los falsificadores extranjeros a través de varias redes sociales y mensajería instantánea donde fijaban un precio según el documento que solicitaban, ya que los pasaportes que contaban con sellos de frontera suponían mayor coste por entender que conferían una mayor credibilidad en los pasos fronterizos. Por ello, el precio oscilaba entre 1.000 y 3.000 euros. También por esos mismos canales concertaban la fecha del envío a España de los pasaportes.

Entre las 64 personas detenidas, se encuentran 24 de Madrid, siete de Huelva, otros siete de Barcelona, cinco de Granada, cuatro de Alicante y Las Palmas, dos de Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Melilla y León y uno de Almería, Pontevedra, Córdoba, Lugo y Jaén. A todos ellos se les imputan los delitos de contrabando, falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por favorecimiento de la inmigración irregular.