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La Fiscalía investigará si hubo delito en dejar a ancianos muertos en residencias tras el hallazgo de la UME

Defensa confirma que una de estas residencias que serán investigadas se encuentra en Valladolid

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La Fiscalía va a abrir una investigación para dilucidar si hubo algún delito en dejar a ancianos muertos en sus camas después de que los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) descubrieran este lunes varios casos en residencias. Según ha confirmado Defensa a la Cadena Ser, una de estas residencias señaladas está en Valladolid y el resto en diferentes puntos de España, aunque por el momento no se dispone de más datos, además de que se desconoce si se trata de residencias públicas o privadas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, desveló anoche que “el Ejército, en algunas vistas, ha llegado a ver ancianos absolutamente abandonados, cuando no muertos en sus camas”. Y avisaba: “Vamos a ser implacables y contundentes en el trato que se dé a los mayores en esas residencias. Todo el peso de la ley caerá sobre quienes no cumplan con sus obligaciones”.

El Ministerio de Defensa, que está haciendo labores de inspección en las residencias de mayores, ha confirmado la falta personal en estos centros, la razón por la que el Gobierno obliga a todas las residencias de España a informar de forma inmediata si ven en peligro la integridad de su servicio.

En una nota de prensa distribuida por la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público indica que ha corroborado con Defensa que en algunas residencias de ancianos miembros del Ejército y de la UME habrían detectado la presencia de personas mayores enfermas, residiendo en situaciones extremas, en malas condiciones de salubridad o incluso fallecidas.

La Fiscalía considera “alarmante” la situación y acuerda abrir diligencias de investigación a fin de determinar la gravedad de los hechos y su posible relevancia penal. Los fiscales tienen encomendada la protección de los colectivos más vulnerables, por lo que la fiscal general dicta un decreto comisionando al fiscal del Tribunal Supremo Manuel Dolz Lago para recabar cuanta información sea precisa y avanzar en el desarrollo de las investigaciones.

Ahora, la Fiscalía deberá determinar si la presencia de fallecidos en sus habitaciones podría deberse a la acumulación de muertes y la imposibilidad de que los servicios funerarios se hicieran cargo de su traslado con la suficiente agilidad o si hubo algún comportamiento negligente que conlleve reproche penal.

 

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