La plataforma Ávila Libre de Peajes se dirigió por carta a la Comisión Europea para pedirle que “intervenga” y tome medidas contra el Gobierno de España en relación a los peajes que afectan a la provincia de Ávila, como son la AP-51 y la AP-6. En concreto la formación reclamó a Europa que “obligue al Gobierno a cumplir con nuestras leyes y las leyes europeas de inmediato” y fije “de una vez” el año de terminación de la concesión, la indemnización que hay que pagar a la concesionaria por la reducción de la concesión en siete años, así como la modalidad de gestión de este tiempo pendiente, si es con una nueva licitación o, “a ser posible”, quedándose en manos del Estado.
Los representantes del colectivo subrayaron que, a día de hoy, el Gobierno español no ha cumplido “nada” de lo establecido en el Real Decreto de 2012, que el Ejecutivo de entonces –del PP– dictó para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que consideró que en la adjudicación de las obras de las autopistas se vulneró la normativa de contratación pública.
En el citado decreto se estipula que en noviembre del año 2019 se debería fijar el año de finalización de la concesión (en una horquilla entre los años 2024 y 2029), la indemnización a la concesionaria por la reducción en siete años de la concesión y la licitación de nuevo de esos siete años, algo que todavía no se ha hecho, de ahí esta petición.
“Desconocemos el porqué del retraso, hay especulaciones de que si están negociando con la concesionaria, porque también hay que abordar la indemnización, pero hay que cumplir los decretos, aunque sean de otro Gobierno” y se considere, como en este caso, “dañino para los intereses de los ciudadanos”, apuntó el presidente, Ángel Zancajo.
De la misma forma, en el escrito se pidió a Europa que se trabaje para que se pueda retirar “de inmediato” el Real Decreto 756/2019, de 27 de diciembre, con el que se promulgaron unas subidas “escandalosas e injustificadas” de los peajes, con un 0,84 por ciento más anual para la AP-51 y la AP-61, y un 1,69 por ciento anual para la AP-6. “El Gobierno sí ha tenido tiempo de colocarnos un Real Decreto que es un ‘totum revolutum’ de difícil justificación”, lamentó Zancajo, a quien la supuesta razón del mantenimiento del equilibrio económico financiero de la concesión no le convence, ya que los últimos datos de la concesionaria hablan de un beneficio después de impuestos de “65,3 millones de euros”.
La subida, de unos 15 céntimos por peaje, supondrá “varios millones al año de la concesionaria”, la cual “está perdiendo concesiones del país y puede ser una especie de compensación, aunque el Gobierno ha dicho que no”, remarcó. “A quien hay que compensar no es a la concesionaria, sino a los ciudadanos”, apostilló Zancajo.
Ávila Libre de Peajes había pedido el apoyo de todos los partidos políticos a este acto y recibió el del PP. En este sentido, explicó que enviarán el escrito a todas las formaciones con representación y a los parlamentarios para “buscar el consenso y que se oiga una única voz”, al igual que ocurrió, en febrero de 2018, con la Proposición No de Ley aprobada en las Cortes sobre la liberalización de los peajes. En este sentido, explicaron que la intención de Ciudadanos de llevar de nuevo una proposición a las Cortes de Castilla y León es “un error”, ya que “tendrán que negociarla de nuevo con todos los partidos”, y era mejor recuperar la ya existente porque a ella “difícilmente ningún partido se podrá negar”.