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Un juzgado de Ávila condena a dos cazadores por matar un lobo en una montería celebrada en 2015 en Tornadizos

Se les impone una multa de 24.000 euros y el pago de una indemnización a la Junta de 9.261 euros

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El Juzgado de lo Penal número 1 de Ávila ha condenado a dos hombres por matar un lobo durante una montería celebrada en noviembre de 2015 en el municipio de Tornadizos (Ávila). Además de la prohibición de cazar durante tres años y del pago de las costas procesales, en la sentencia se les impone una multa por un delito contra la fauna que ronda los 24.000 euros y el pago de una indemnización de 9.261 euros a la Junta de Castilla y León.

Además, a uno de los condenados se le impone una pena de seis meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas, ya que carecía de la licencia preceptiva para utilizar la escopeta empleada en la montería.

El juez analiza en su sentencia lo afirmado por los dos acusados en el juicio y asegura que fue una declaración parca y encaminada a encubrirse mutuamente. “Fue un contenido exculpatorio, de autoencumbrimiento y de encubrimiento mutuo”, se señala en la sentencia. No obstante, el juez entiende que, de las declaraciones de testigos y peritos y del análisis de la prueba documental, se puede concluir que los acusados cometieron un delito contra la fauna al disparar y matar un ejemplar de una especie protegida.

En el fallo también se argumenta que existe “un acervo probatorio que se debe de calificar de indiciario, indirecto o circunstancial” pero suficiente para fundamentar una sentencia condenatoria.

La sentencia, que ya ha sido notificada a las partes, no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Ávila.

Por su parte, desde Ecologistas en Acción, que ejerció la acusación particular en el proceso, se felicitan por tratarse de la primera sentencia condenatoria por la caza ilegal de un lobo en España y esperan que la sentencia “sirva de motivación para perseguir este tipo de casos y para que comience a salir a la luz la grave situación de furtivismo que sufre la especie y que se suma a la enorme presión que aplica la Junta con el llamado control de poblaciones”.

A su vez, se argumenta que aunque la caza ilegal es un problema de “primera magnitud, son muy pocos los casos que se judicializan por la dificultad de recoger pruebas incriminatorias y “por la escasa atención que se presta a la persecución de este tipo de delitos”.

Por último, y además de recalcar el “excelente” trabajo de investigación de la Guardia Civil, se recuerda que la Fiscalía de Ávila renunció a ejercer la acusación pública y que gracias a las acusaciones particulares de Ecologistas en Acción, Anadel y Lobo Marley “se ha podido llegar a esta sentencia condenatoria ejemplar y demostrar que se trataba de un delito contra la fauna”.

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