Carnero asegura que los profesionales no estarán obligados a ofrecer los nuevos servicios sanitarios a las embarazadas

El consejero de la Presidencia subraya que no desautoriza a Juan García-Gallardo

El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, salió hoy al paso de las medidas sanitarias para fomentar la natalidad anunciadas ayer por el vicepresidente de la Junta al asegurar que los profesionales sanitarios no estarán obligados a ofertar, “en absoluto”, este servicio a las mujeres embarazadas que acudan a la primera consulta, a diferencia de lo que declaró Juan García-Gallardo. Preguntado por si esta afirmación suponía desautorizar al vicepresidente del Ejecutivo autonómico, respondió: “No desautorizo a nadie y me remito a la nota elaborada por la Consejería de Sanidad, que es la que conoce a fondo el desarrollo de la ley. Hay un total y absoluto respeto a la ley y a los protocolos para acometer estos servicios pero en ningún caso se puede obligar al sanitario a tomar una decisión en contra de lo que dice la ley”, aseveró.

Tras mantener una reunión de trabajo en materia de colaboración con la asociación Pajarillos Educa, Carnero reiteró, según recogió la Agencia Ical, que los servicios sanitarios planteados por la Junta como la atención psicosocial, el derecho a ecografías 4D y el control del latido fetal podrán ser utilizados por las embarazadas, en función de lo que demande o no, desde el punto de vista del principio de la voluntariedad y la libertad, tanto de las mujeres como los profesionales. “Las acciones planteadas respetan la ley y los protocolos”, añadió. En este sentido, mencionó la objeción de conciencia de los sanitarios para no practicar aborto, que está recogido en la ley, y será más garantista desde el punto de vista de la protección de datos.

Además, el consejero de la Presidencia confirmó que el tema de las nuevas medidas sanitarias para fomentar la natalidad no fue abordado por el Consejo de Gobierno y volvió a remitirse a la nota de prensa de la Consejería de Sanidad, pese a que le volvieron a preguntar por “diferentes” interpretaciones en el seno del Ejecutivo autonómico en relación a este asunto.

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