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Castilla y León dispone desde 2007 de una regulación que prohíbe el uso del móvil en los colegios

Rocío Lucas expresa su “extrañeza” ante la propuesta de la ministra de Educación ante una medida que está en marcha

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La Junta de Castilla y León cuenta desde el año 2007 con un decreto de convivencia que prohíbe el uso del móvil en los colegios, que se desarrolla en reglamentos internos por parte de los centros, incluso con sanciones tipificadas, y que está funcionando “bien” y sin “ningún problema” por parte de la comunidad educativa ni de los padres.

Así lo explicó hoy la consejera de Educación de la Junta, Rocío Lucas, en declaraciones previas a la entrega de los Premios de Educación 2023, recogidas por Ical, y en las que mostró su “extrañeza” ante la propuesta de la ministra del ramo, Pilar Alegría, cuando está en marcha, en el caso de Castilla y León, desde 2007.

En esta línea, precisó que el decreto de convivencia del año 2007 desarrolla y regula la restricción del uso del móvil en las aulas para los alumnos, especialmente de secundaria, dado que los de primaria no suelen tener aun este dispositivo, y se limita, por decisión de los profesores, solo al uso educativo.

Según ese decreto, se considera que los dispositivos electrónicos, no solo los móviles sino también tablet o relojes digitales, son “un elemento que distorsiona la convivencia y tiene que estar regulado en el ámbito educativo y así se hace desde 2007”, precisó Lucas.

“Viene un plan del Ministerio a las comunidades que ya lo estamos haciendo, nada que decir”, resumió la consejera, que insistió en que la mayoría de las comunidades lo tiene regulado en el ámbito de sus competencias, dado que reiteró que son autonómicas y no estatales.

Además, aseguró que todos los centros tienen unos reglamentos internos que recogen en que situación se pueden usar los móviles, pero siempre limitado al uso educativo, si así lo determinan los profesores en el ámbito de la Secundaria. “Somos de las comunidades autónomas que lo tenemos más reglamentado hace años”, apostilló.

En respuesta a la asociación de directores que han cuestionado que sea así, trasladó a mirar lo que se recoge en el artículo 37 del citado decreto de 2007, como obligación de regularlo porque “distorsiona la convivencia” y añadió que cualquier reglamento interno de los centros establece incluso sanciones, “si se saca fuera del ámbito educativo”.

Por último, recordó que cuando se analiza la situación de acoso escolar la Comunidad es la que tiene menor incidencia en España e incluso en el ámbito de la OCDE, uno de los factores recogidos en el informe PISA, junto a tres materias analizadas, en las que Castilla y León ocupa la primera posición del país.

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