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Castilla y León recibe del Gobierno 124,6 millones para políticas activas de empleo

La cantidad a repartir por el Ministerio entre las comunidades autónomas asciende a 2.055 millones de euros, un 8,5% más que en 2017

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Castilla y León percibirá 124,6 millones de euros para políticas activas de empleo, tal y como la orden ministerial publicada hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE) con el reparto y la distribución de los créditos presupuestarios para las subvenciones en el ámbito laboral para 2018. La cantidad a repartir entre las comunidades autónomas asciende a 2.055,1 millones de euros, un 8,5 por ciento más que en 2017.

De esta cifra, un total de 2.054,8 millones proceden del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los restantes 314.673 euros se asignan como ayudas previas a la jubilación desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Desde el año 2013, la distribución de fondos a las comunidades para la gestión de las políticas activas de empleo ha pasado de realizarse en función de las condiciones sociolaborales de cada región a vincularse plenamente al cumplimiento de los objetivos fijados anualmente en el marco de los Planes Anuales de Políticas de Empleo (PAPE).

El Ministerio recuerda que los datos en los que se ha basado la evaluación del PAPE de 2017 muestran una mejoría del desempeño del conjunto de los Servicios Públicos de Empleo en la consecución de los Objetivos Estructurales, acumulando un incremento superior al 18 por ciento desde el año 2014.

La nota ministerial añade que el acuerdo, que cuenta con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública, adelanta sustancialmente la distribución de fondos a las comunidades a la primera mitad del año. De esta forma, da cumplimiento a lo acordado en la Conferencia de Presidentes de enero de 2017 y a lo recogido en la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 que, en este sentido, fija con todo detalle el ciclo de preparación, ejecución y evaluación de los PAPE para que se aprueben antes de que comience el ejercicio en que han de realizarse y permita adelantar la aprobación de criterios de distribución de fondos y su reparto.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, aseguró que esta orden hace efectiva la viabilidad jurídica de la norma para agilizar la distribución de los créditos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para políticas activas de empleo a las comunidades autónomas. De esta manera se facilita el proceso para que cada región pueda poner en marcha sus planes de empleo en políticas activas, según se acordó en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, celebrada el pasado 17 de abril.

El comunicado del Ministerio precisa que a esa cantidad hay que sumar 245.392 euros para financiar las ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social y 69.280 euros para financiar las ayudas previas a la jubilación.

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