Castilla y León repite como una Comunidad “referente” y “modélica” en la prestación de la atención a la dependencia, con una nota de 9,3

El dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia correspondiente al año 2018 ha situado nuevamente a Castilla y León como una vomunidad “referente” y “modélica” en la prestación de los servicios de atención a la dependencia, con una nota de un 9,3 que es la más elevada a nivel nacional. Además, el informe se pregunta si las cifras registradas en Castilla y León podrían ser tomadas como referencia en el “techo” del Sistema de Atención a la Dependencia.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, se felicitó porque el contenido el informe avala los compromisos que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, asumió al inicio de la legislatura en materia de dependencia, como eran la “plena atención”, ya que el estudio reconoce a Castilla y León como la única que lo ha conseguido; y que la dependencia generaría 11.000 empleos relacionados con la dependencia, una cifra que el informe eleva hasta los 12.000.

Según puso de relieve García, el informe evidencia que Castilla y León es la Comunidad “que mejor gestiona la dependencia”, algo que estimó que “no es una casualidad”, sino que se debe al trabajo, acompañado por el “esfuerzo y compromiso político y presupuestario”, además de a la presencia de grandes profesionales. “Somos la única que atiende a todos los dependientes, la que más empleos genera y la más ágil con una gestión normal de altas y bajas”, elogió.

Los datos dan “un espaldarazo” a Castilla y León, según Alicia García, porque además reconoce a la Comunidad como “modélica y referente”, señaló. Con una valoración de un 9,3, el único sobresaliente a nivel nacional, Castilla y León vuelve a estar como la Comunidad mejor valorada, seguida de lejos por Castilla-La Mancha, con un 8,2, y La Rioja, con una nota de un 7,1. Por otro lado, son siete las comunidades que no llegan al aprobado: Murcia (4,6); Cantabria y Navarra (4,3); Ceuta y Melilla (3,9); Comunidad Valenciana (3,6); Asturias, Baleares y Cataluña (2,9); y Canarias (1,8).

Según el informe, y tal y como puso de manifiesto la consejera, Castilla y León registra el mayor número de personas atendidas desde la implantación del Sistema de Dependencia, con 93,347 beneficiarios, es decir, 4.674 beneficiarios más que el año anterior. Estas personas recibieron 125.565 prestaciones, lo que supone 10.000 más que el ejercicio precedente, lo que evidencia que un tercio de los beneficiarios reciben más de una prestación.

El nivel de lista de espera o personas desatendidas es residual, con un 1,4 por ciento frente a la media nacional, que se sitúa en el 19,2 por ciento. Aquí el Observatorio pone de relieve los grandes desequilibrios existentes en esta materia entre las diferentes comunidades, ya que mientras en Castilla y León la lista de espera casi no existe, en el caso de Cataluña supera el 32 por ciento. Además, la Comunidad es la única con plena atención, con un 98,6 por ciento de personas atendidas, casi 18 puntos por encima de la media nacional.

En materia de empleo, Castilla y León es la región que más capacidad está teniendo en la generación de puestos de trabajo relacionados con la dependencia, con 52 empleos por cada millón de euros invertido. Según el informe, el Sistema de Atención a la Dependencia genera 28.621 empleos directos en la Comunidad, lo que supone 2.600 trabajadores más en el último año y 12.000 más en el total de la legislatura, un millar más que el compromiso adquirido por el presidente del Ejecutivo autonómico.

Todo ello se aprecia también en el retorno económico, ya que el Sistema generó el año pasado en Castilla y león 232 millones de euros procedentes de las cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación del IVA, con una tasa de recuperación del gasto público del 42,1 por ciento.

Por otro lado, el dictamen recoge que la financiación del Sistema de Dependencia en Castilla y León fue superior a los 685 millones de euros en 2018, mientras que el gasto público por habitante ascendió desde los 180,59 euros por habitante en 2017 a los 194,8 euros en 2018, es decir, se produjo un incremento del ocho por ciento.

Falta de presupuestos

El informe alude al “tremendo varapalo” que ha supuesto la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año con los que se preveía “reiniciar” el sistema con una inversión que no igualaba las partidas de 2011 pero que sí que pretendía dar “un espaldarazo” al Sistema de Atención a la Dependencia. Tal y como recoge el documento, los importes contenidos en el borrador de las cuentas, con un incremento de 415 millones de euros, habría posibilitado “acelerar” el proceso de reducción de listas de espera o incrementar intensidades y favorecer compatibilidades.

En el caso concreto de Castilla y León, haber dado luz verde a las cuentas habría supuesto una inversión de 42 millones de euros que habrían permitido la generación en un año de 2.176 empleos y prestar atención a 7.851 personas. La consejera consideró que el camino para conseguir el incremento presupuestario es “no retirando decretos” para así poder mejorar la financiación a las comunidades, y reclamó al Ejecutivo que cumpla con el compromiso “del anterior Gobierno y retirarlo sin explicación por el Gobierno socialista”.

Críticas al Gobierno

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades incidió en la “infrafinanciación” estatal hacia las comunidades, algo ante lo que el propio informe reconoce que cada territorio ha reaccionado “de manera distinta” y ante el que Castilla y León ha respondido “bien”.

Alicia García lamentó que el Gobierno socialista, en su llegada al Ejecutivo hace ocho meses, se proclamara como “social” y anunciara el impulso de la Ley de Dependencia y a dotar de mayor financiación al Sistema cuando, en realidad, ha “paralizado” todos los grupos de trabajo que funcionaban con el Gobierno anterior y no ha convocado el Consejo Territorial para abordar temas de dependencia.

Igualmente, denunció que el Gobierno retiró un Real Decreto que se había iniciado a tramitar con el anterior Gobierno para incrementar la financiación a las comunidades en un seis por ciento para 2019 en materia de dependencia. “Castilla y León siempre ha sido coherente, cuando han gobernado unos y otros, y ha reclamado una financiación justa de 50-50”, concluyó la consejera.