Castilla y León se acerca al grupo de comunidades con alto grado de privatización sanitaria, tras escalar dos puestos desde 2014

Castilla y León está cada vez más cerca de las comunidades autónomas con un elevado grado de privatización sanitaria tras escalar dos puestos en el ranking desde 2014. Así se pone de manifiesto el informe elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que refleja que dicho grupo lo encabeza sin haber variado posiciones desde 2014 Madrid, seguida de Cataluña, Baleares, Canarias y País Vasco.

El denominado grupo intermedio de grado de privatización sanitaria está encabezado a continuación por Castilla León -que ganó dos posiciones en 2019 respecto al informe realizado en 2014- seguida de Valencia, Galicia, Murcia, Navarra, Aragón, Cantabria y La Rioja. Finalmente, el grupo de comunidades con un bajo grado de privatización sanitaria está compuesto por Asturias, Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura.

En el estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública hecho público hoy -si se comparan los datos de 2019 con los de 2015 cuando se inicio la ultima legislatura en la mayoría de las comunidades- se observa que en el grupo de las mas privatizadas permanecen tres, habiéndose incorporado dos más. En él se encuentra dos gobernadas por el PP, dos gobiernos nacionalistas y una con gobierno de izquierdas. Por el contrario, de las cuatro comunidades del grupo de menor privatización todas tenían gobiernos de izquierdas.

Igualmente, el informe señala que hay que tener en cuenta que la privatización ha aumentado en todas las comunidades y que el resultado y las movimientos en la clasificación solo recogen la mayor o menor intensidad que alcanza cada una en concreto. “La principal limitación del estudio está en la ausencia de transparencia de las administraciones sanitarias que dificulta enormemente el encontrar datos homogéneos para todas las comunidades. Es un fraude a la ciudadanía que es la que las sufraga con sus impuestos y un incumplimiento notorio de la denominada “ley de transparencia” que no mejora la información sanitaria disponible”, concluye el estudio.