Castilla y León se mantiene en 2018 como la autonomía con una menor tasa de divorcios de España, con 18,6 cada 10.000 habitantes

La Comunidad repitió en 2018 como la autonomía con la tasa de demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes más baja de España, con 18,6, frente a las 23,9 de la media de España, según los datos difundidos hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las autonomías a la cabeza en este indicador fueron Valencia, 27,9; seguida de Canarias, 26,7; Baleares, 25,6; Andalucía, 25,2; Cataluña, 25; y Asturias. En la parte baja de la tabla, junto a la Comunidad, se situaron País Vasco, 19,1; y Aragón, 20,6.

El número de rupturas matrimoniales registradas en 2018, se situó en Castilla y León en las 4.473 (separaciones, divorcios y nulidades), lo que supone un descenso del 3,5 por ciento respecto a las 4.636 del 2017. En concreto, se contabilizaron 2.453 divorcios consensuados y 1.789 sin acuerdo, frente a los 2.653 y 1.723 del ejercicio 2017. Es decir, los divorcios consensuados bajaron un 7,5 por ciento en términos relativos, mientras que los que no alcanzaron acuerdo se elevaron un 3,8 por ciento.

Asimismo, las separaciones consensuadas ascendieron a 166 frente a las 65 con acuerdo, cuando en 2017 ascendieron a 186 y 74, en cada caso, con descensos porcentuales del 10,7 y 12,1 por ciento, respectivamente. Los procedimientos de nulidad fueron cuatro, uno más que el año anterior.

Las demandas de disolución matrimonial presentadas en el año 2018 en los órganos judiciales en España, 111.704, fueron un 2,4 por ciento menos que las presentadas en 2017, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Todas las formas de disolución matrimonial mostraron disminuciones interanuales. Las 62.241 demandas de divorcio consensuado fueron un 2,8 por ciento menos que las de 2017; las 44.433 demandas de divorcio contencioso, un 1,3 por cien menos; las 3.395 de separación consensuada, un 7,9 por ciento menos; y las 1.635 de separación contenciosa, un 7,2 por ciento menos. Se presentaron 134 demandas de nulidad, un 5,6 por ciento menos que en 2017.