El secretario general de CCOO Castilla y León, Vicente Andrés, denunció hoy que sólo el 32 por ciento de las empresas de más de 50 empleados de la Comunidad (1.007), cumple con la obligación de contar con un plan de igualdad, cuando estas actuaciones constituyen “un elemento clave para corregir la brecha salarial”. “Las empresas no acaban de aceptar el establecimiento de estas políticas de igualdad”, dijo.
Vicente Andrés expuso que el Estado “debe dar otro empujón para hacer cumplir las normas y establecer un plan en la Inspección de Trabajo para que los que no cumplan lo hagan y sino se les sancionen”, resumió. Asimismo, reclamó que se dote de medios y recursos técnicos a los agentes sociales y empresariales para establecer planes de igualdad en las empresas.
Andrés y la secretaria de Mujeres, Igualdad y Políticas Sociales, Yolanda Martín, ofrecieron hoy una rueda de prensa con motivo del Día Europeo de la Igualdad Salarial, en la que el dirigente sindical también exigió un plan nacional de cuidados con servicios profesionales y gratuitos, que eleven las retribuciones de estas profesiones, mayoritariamente femeninas, y permitan al colectivo el desarrollo profesional.
Andrés explicó que la brecha salarial en la Comunidad, con datos de 2020, se situaba en el 20,5 por ciento, frente al 24,2 por ciento de 2017, cuando “empezó la escalada del Salario Mínimo Interprofesional”, dijo. Así, defendió que en ese periodo se produjo una reducción importante de la brecha salarial de género por la negociación colectiva y la subida del SMI, que es el “elemento corrector por antonomasia de la reducción de desigualdades”.
El secretario de CCOO consideró “absolutamente inaceptable en el siglo XXI, en la era del big data, una mujer gane menos que un hombre. No tiene sentido desde la perspectiva histórica”, comentó. Una situación derivada, concretó, de “decisiones empresariales, de la parcialidad y de sectores feminizados que ganan menos; son diversos los orígenes”. Eso si, indicó que persiste el elemento “a mayores” del puesto de trabajo, que es “el papel de la mujer en los cuidados de la familia, que le genera cargas y muchas menos oportunidades”.
Yolanda Martín defendió, por su parte, que es “prioritario” reducir la parcialidad, acabar con la masculinización de los complementos salariales analizando los puestos desde la perspectiva de genero; una conciliación responsable, con un reparto de las tareas domésticas; y una valoración de los trabajos de cuidados, situándolos en el centro en un contexto de población cada vez más envejecida.
Martín defendió la subida del SMI porque las mujeres tienen “los salarios más bajos y las ocupaciones más precarias”, la negociación colectiva y la reforma laboral; e insistió en que los planes de igualdad constituyen un elemento “clave” para “llevar el feminismo a los centros de trabajos” para exigir que se cumpla con las auditorias retributivas. “Hay que dotar los recursos e infraestructuras necesarias para implantar esos planes, para que no sean meros trámites burocráticos”, dijo.
La responsable de Igualdad del sindicato apeló a un “cambio social” y lamentó la diferencia salarial entre hombres y mujeres de 5.235 euros brutos anuales en 2020. Una diferencia que entre hombres y mujeres extranjeras alcanza los 12.923 euros; y entre varones y mujeres foráneas, lo 6.412. una situación que achacó a que estas mujeres se dedican fundamentalmente a los cuidados, unos trabajos “muy infravalorados” que generan esa “gran desigualdad”.
Yolanda Martín denunció además que 46,9 por ciento de las ocupaciones de mujeres tienen ganancias que no llegan a 15.000 euros anuales brutos; mientras que “no hay ninguna ocupación laboral en los hombres que gane por debajo de esa cantidad”. Denunció además que en el 27,5 por ciento de las féminas está en el tramo salarial igual o menor al SMI, frente al 11,9 por ciento de los hombres; y en el colectivo que percibe cinco veces el SMI, “el hombre dobla a las mujeres”. “En todos los tramos hay desigualdades”, resumió.
Martín lamentó que la mujer se inserta en el mercado laboral de una forma “desigual” marcada por los roles de género; con sueldos condicionados en gran parte por la “parcialidad”. Al respecto, indicó que el 76,25 por ciento de los asalariados a tiempo parcial de la Comunidad son mujeres; una parcialidad, dijo, “no deseada”. Asimismo, apunto a que muchas “no tienen más remedio” para acometer las tareas de su casa o de cuidados de hijos y mayores; mientras que los hombres sufren parcialidad por motivos de estudios y cuando empiezan sus trayectorias profesionales.
Asimismo, constató que las mujeres presentan porcentajes más elevados de inactividad, porque no pueden costear los cuidados, y apeló a “tener derecho a elegir no cuidar”. “Exigimos que se dote a la ciudadanía de recursos suficientes y de calidad para no cuidar y poder desarrollar sus trayectorias profesionales”. Aseveró que otro factor de discriminación son los complementos laborales, turnicidad, nocturnidad, horas extras o disponibilidad, que benefician a los hombres.
Todo esto, las excedencias, la jornadas reducidas, advirtió, tendrán su correlación en lagunas de cotización, que penalizarán a la mujer en las pensiones, donde se alcanzan diferencias con los hombres de hasta el 40 por ciento.