CCOO pide al Procurador del Común que reclame a la Junta subir los conciertos de las residencias para incrementar el salario

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CCOO) en Castilla y León presentó ayer un escrito al Procurador del Común para solicitar su intervención ante la Junta para que regule un incremento de los precios de concertación de las residencias de personas mayores, en la línea que lo realizado por otros gobiernos autonómicos. El objetivo, según el sindicato, es que esta mejora derive en un incremento salarial de los 25.000 trabajadores -principalmente, mujeres- del sector residencia de la dependencia en la Comunidad.

CCOO señaló en el documento remitido al Procurador del Común que las residencias en Castilla y León ya han repercutido, desde inicios del año, a sus clientes privados el incremento del 6,5 por ciento en las correspondientes facturas. Un porcentaje que, según el convenio colectivo estatal de servicios de atención a las personas dependientes, se debe aplicar a los salarios de los empleados, tras dos años congelados.

El actual convenio que regula a los trabajadores del sector de las residencias, cuya vigencia finalizó en diciembre de 2018, permitió que los salarios de los empleados se incrementara un 1,9 por ciento en 2019 mientras que se congelaron en 2020 y 2021 por la ultraactividad. Ahora en 2022, sus sueldos se deben incrementar un 6,5 por ciento, una cuestión que se encuentra en litigio con las organizaciones empresariales a nivel nacional (Acalerte y Lares), aunque sin haber alcanzado un acuerdo tras las reuniones de las comisiones paritarias y del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (Sima). Ante esta paralización y las “paupérrimas” condiciones laborales, con un convenio en ultraactividad, CCOO tiene previsto presentar una demanda en la Audiencia Nacional.

El sindicato destacó, según recogió la Agencia Ical, que los trabajadores son una pieza “clave” del sector centrado en el cuidado y la atención de personas dependientes y con discapacidad. De ahí que avanzar en la mejora de sus condiciones laborales es fundamental para profesionalizar el empleo, retener el talento y dotar de estabilidad a las relaciones laborales con el fin de contar con una atención cada vez de mayor calidad y centrada en las personas.

CCOO recordó que la rentabilidad media de los centros ronda el cinco por ciento, tras precisar que el coste medio de una plaza en una residencia es de 1.650 euros al mes, después del incremento interanual del siete por ciento. Frente a estos beneficios, apuntó que el sueldo base del 85 por ciento de las trabajadoras (grupos 4 y 5 como gerocultoras, personal de limpieza y cocina, entre otras) está por debajo de los mil euros, fijados por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “Pese a la bonanza del sector, que está en crecimiento, las trabajadoras no ven reflejada esta mejora”, aseguró uno de los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, Sergio Nicolás Díez.

En la actualidad, según datos facilitados por el sindicato, la Comunidad cuenta con 50.000 plazas en las residencias, de las que 36.000 están en centros privados o de gestión privada, pese a ser de ayuntamientos. Además, el 75 por ciento de ellas se encuentra en centros con ánimo de lucro, por lo que no forman parte de llamado tercer sector. Díez manifestó que el 90 por ciento de las plazas en Castilla y León tiene algún tipo de financiación pública, ya sea por estar concertadas o bien por que el usuario recibe una prestación vinculada al servicio.

Ratio de 0,5 empleados por usuario

Además, el sindicato exigió una dotación suficiente de personal en los centros tras denunciar que la ratio actual en las residencias de Castilla es de 0,3 trabajador por cada usuario, aunque en la mesa del Diálogo Social plantea un 0,4. En todo caso, lo consideró “insuficiente” por que el ratio ideal es de 0,5 por residente. Es decir, un empleado por cada dos usuarios, de forma global en la plantilla aunque no sea un reparto por cada turno, con la vista puesta en llegar al 0,6 en el plazo máximo de cinco años. CCOO lamentó las diferencias “notables” entre lo que establece la normativa de unas y otras comunidades. “No es cuestión de modelo, es cuestión de justicia y de reconocimiento de la importancia de la tarea que realizan las trabajadoras”, aseveró. En este sentido, el sindicato abogó por reforzar “especialmente” el personal de atención directa y, sobre todo, de gerocultores o auxiliares de enfermería, ya que es un personal “absolutamente indiscutible”.

Otro de los integrantes del grupo de negociación colectiva de la Federación, Luis Álvarez, subrayó que CCOO no desea que Castilla y León se quede “relegada” en comparación de otras comunidades, como en el caso de Cantabria, que ya ha regulado el incremento de los precios de concertación.

Álvarez justificó la solicitud al Procurador del Común tras denunciar el “vacío de poder” existente en Castilla y León tras las elecciones autonómicas, que ha motivado que no haya un titular al frente de la Consejería desde hace hace más de un mes. Además, expuso que el presidente de la institución, Tomás Quintana, es un “perfecto” conocedor de la realidad del sector tras las resoluciones emitidas sobre la situación de las residencias durante la pandemia del COVID.