El Gobierno de España acordó hoy en la reunión del Consejo de Ministros requerir de nuevo a la Junta de Castilla y León a que cese o se abstenga de adoptar cualquier medida que suponga dar instrucciones o recomendaciones al personal sanitario para que ofrezcan pruebas «suplementarias» a la mujeres embarazadas. El nuevo requerimiento, el primer paso antes de acudir al Tribunal Constitucional, se envía a la Comunidad para que se responda en el plazo de un mes.
Así lo trasladó la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en su comparecencia junto a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.
Isabel Rodríguez justificó que es posible emprender esta vía, previa al recurso ante el Constitucional, “sin un hecho administrativo” porque aseguró que el Gobierno tiene la “obligación” de actuar cuando se emitan comunicados que pueda afectar a los derechos fundamentales y la distribución de competencias. Esto, explicó, se ajusta a la jurisprudencia del alto tribunal de garantías constitucionales.
La portavoz argumentó que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró en su declaración institucional de ayer que habrá “medidas” en relación a las mujeres embarazadas y que se van a llevar a cabo, por lo que justificó el nuevo paso dado por el Gobierno. Además, consideró “elocuente” que se presentara un acuerdo del Consejo de Gobierno el jueves pasado por el vicepresidente Juan García-Gallardo, y el portavoz, Carlos Fernández Carriedo, en el que a su juicio advertían a las mujeres y profesionales sanitarios de que iba a abordar cuestiones que tenían que ver con su integridad física y su profesión, si bien días después -reconoció- no se han detallado. “El presidente dice una cosa y el vicepresidente otra”, dijo porque donde “dije digo, ahora digo Diego”.
En ese sentido, la ministra apuntó que el Gobierno no puede esperar ante la “confusión”, “aberración” e “inacción” de la Junta sobre el aborto y las mujeres embarazadas, porque indicó no se pueden dar instrucciones a los médicos, ni sugerir otras pruebas a las que quieran interrumpir su gestación. Además, señaló que su Ejecutivo no puede dejar pasar más tiempo porque las mujeres que hayan ido hoy a abortar en Castilla y León no pueden “tener miedo a hacerlo”, ni pueden sentirse coaccionadas. “Este Gobierno defiende a todas las mujeres en Valladolid o Sevilla” dijo y añadió: “Nosotros estamos en el futuro de este país”.
La ministra, que presentó la “acción” de su departamento, argumentó que las explicaciones de las autoridades de Castilla y León han sido “contradictorias e insuficientes” y que por tanto la duda persiste sobre las medidas a aplicar en relación a la asistencia a las embarazadas y la interrupción de su gestación, conforme a la ley orgánica de 2010.
A juicio de Isabel Rodríguez “lo conocido” contraviene las leyes y la Constitución, después de que asegurara que las autoridades de Castilla y León han confirmado “que habrá medidas”, que señaló “hoy siguen sin conocer”, a pesar del requerimiento formal remitido por el Gobierno en la tarde del domingo.
“No vamos a permitir que se retroceda ni un milímetro”, dijo Isabel Rodríguez quien garantizó que el Gobierno de España no va a consentir que haya ningún “resquicio” que suponga un retroceso en los derechos y libertades de las mujeres en ningún territorio del país. Señaló que el Gobierno trata de evitar que se consume esta “aberración” y “tropelía” tanto en las “formas”, como en el “fondo”.
Normativa básica e igualdad
Por ello, la portavoz aseguró que el Gobierno ha dado un paso más en la defensa de las libertades y derechos reproductivos de las mujeres antes las medidas avanzadas por la Junta, a través de un acuerdo en el que se dirige a la Junta ante la “incompetencia” del Consejo de Gobierno de la Comunidad.
Isabel Rodríguez explicó que “no puede obligarse” a los profesionales sanitarios a ofrecer pruebas a las mujeres, ni tampoco “dar instrucciones”, “sugerencias” o “recomendaciones” en este sentido. “No cabe instruir” a los sanitarios, dijo, para que ofrezcan o sugieran pruebas a las mujeres embarazadas ante la posibilidad de que se propongan interrumpir la gestación.
La ministra expuso que el requerimiento por “incompetencia”, al margen de la jurisdicción ordinaria del primer escrito enviado a la Junta, tiene que ver con las “bases” y “coordinación” de la política sanitaria y con “la igualdad de condiciones” en el ejercicio de los derechos. A su juicio, “el Gobierno debe evitar la ruptura de la uniformidad de la legislación básica en todo el territorio”, dijo y añadió que las comunidades tienen la obligación de “garantizar la igualdad”.
Isabel Rodríguez sostuvo que no se pueden establecer “requisitos adicionales” en el acceso a la prestación de interrupción del embarazo, ni condicionar en “modo alguno” la voluntad de elección de las mujeres, “de acuerdo a la normativa básica”.
Firmeza y tranquilidad
En definitiva, la ministra portavoz aseguró que esta actuación del Gobierno de España traslada un “mensaje de absoluta firmeza”, porque impulsará “cuantas iniciativas sean necesarias para impedir esta tropelía anunciada” y se consume. También, aprovechó para dar tranquilidad a las mujeres de Castilla y León y de toda España y los profesionales sanitarios, porque insistió en que “el Gobierno no va permitir ni un solo retroceso en derechos y libertades de las mujeres”.
Isabel Rodríguez sostuvo que su Ministerio promueve esta iniciativa, tras la carta de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el primer requerimiento del domingo a las medidas anunciadas por el vicepresidente, Juan García-Gallardo, que habló de la escucha del latido fetal o las ecografías en cuatro dimensiones, para “velar” por el cumplimiento de la Constitución y la homologación de las actuaciones de todos los niveles de la administración.
De esta forma, la ministra dejó “muy claro” la “acción decidida” del Gobierno, de acuerdo a los objetivos fundamentales y la “conciencia clara” de un gabinete “progresista”, para impedir que ningún gobierno autonómico aplique medidas que supongan un “retroceso” en derechos y libertades. Por ello, aseguró que mantiene su idea de utilizar todas las herramientas jurídicas a su disposición.
Finalmente, la portavoz del Gobierno aprovechó para hacer un “especial reconocimiento” a todos los profesionales sanitarios y recordó que la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia ha instado a la Junta a que no aplique ningún protocolo no previsto en la normativa de 2010.