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El Ministerio de Fomento anuncia que quitará los peajes de las autopistas cuando acabe su concesión

La decisión afecta a la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), de 84 kilómetros, que vence el 30 de noviembre de este año

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El Gobierno liberará los peajes de las autopistas cuya concesión de 50 años termina entre este ejercicio y 2021, según adelanta el nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en una entrevista concedida a El País.
Estas concesiones revertirán al Estado a su vencimiento. La decisión afecta directamente a la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), de 84 kilómetros, que vence el 30 de noviembre de este año, y a la AP-7, entre Alicante y Tarragona, y la AP-4, entre Sevilla y Cádiz, cuyas concesiones concluyen el 31 de diciembre de 2019 y cuentan con 468 kilómetros en total.
El anuncio del ministro de Fomento crea también un precedente para la AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo y los tramos de la AP-7 Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol, de 479 kilómetros en su conjunto. Todos ellos expiran el 31 de agosto de 2021, aunque la decisión sobre estos tramos correspondería al Gobierno que esté en la próxima legislatura.
Ábalos anuncia, además, que auditará los costes y los plazos de la relicitación de las nueve autopistas de peaje quebradas que ha rescatado el Estado, y cuyo concurso estaba previsto para la segunda mitad de este año. El ministro de Fomento señala que tiene que evaluar la decisión sobre el futuro de estas vías junto a los ministerios de Hacienda y de Economía, ya que tanto el coste de la compensación que debe pagar el Estado a las antiguas concesionarias como los ingresos de una posible reprivatización afectan al déficit del Estado. Sobre este punto, Ábalos asegura que no hay una unanimidad en las cifras que debe asumir el erario público respecto a las facilitadas por el Ejecutivo del PP.
En cuanto a los planes de inversiones millonarios pendientes en carreteras y ferrocarriles —la compra de trenes de Renfe y las líneas del AVE de Adif—, el titular de la cartera de Fomento enfatiza que la voluntad de su departamento consiste en “no paralizar ni demorar nada”. Sin embargo, revisarán la información que se le ha trasladado de esos proyectos antes de ejecutarlos. Y manda un mensaje de tranquilidad a los inversores privados de Aena, participada en un 51 por ciento por el Estado.

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