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El Movimiento por el Tren Ruta de la Plata reclama la reapertura del trazado entre Plasencia y Astorga

La plataforma pide una partida de 250.000 euros para la realización de un estudio de viabilidad y el anteproyecto de construcción

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El Movimiento por el Tren Ruta de la Plata ha remitido un escrito a los diputados de las comisiones de Presupuestos y Transportes Movilidad y Agenda Urbano para justificar la necesidad de asignar una partida presupuestaria de 250.000 euros a través de una enmienda parcial a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 para realizar un estudio de viabilidad sobre el trazado Plasencia Astorga, así como el anteproyecto de construcción.

El documento recoge que es una petición aprobada por los los ayuntamientos de la Ruta de la Plata como León, Zamora, Salamanca, Plasencia, Cáceres, Mérida y Sevilla, entre otros, además de la Asamblea de Extremadura y por el Parlamento Andaluz, junto con una Proposición No de Ley de la Comisión de Fomento en 2017.

En un comunicado, la plataforma recuerda que todas esas peticiones remitidas a Fomento no tuvieron respuesta, por lo que se puso en marcha una queja al Defensor del Pueblo, que ha reconocido el derecho a la movilidad de los ciudadanos de la Ruta de la Plata y de toda España, sin discriminación por el lugar de residencia o por su nivel de renta.

El Defensor del Pueblo plasmó en su informe de 2019 que la respuesta de Renfe y la Secretaría General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento se basa en que el establecimiento del espacio ferroviario único europeo marca una convivencia de los servicios comerciales en régimen de competencia y luego unas obligaciones de servicio público. Además, reconoció que el marco europeo “no puede verse únicamente como un instrumento regulatorio para la actividad empresarial de los operadores”, por lo que deben contemplarse los derechos y libertades de quienes por vivir en zonas aisladas o carecer de recursos no pueden acceder a la movilidad.

El Movimiento por el Tren Ruta de la Plata considera que la posición del Defensor del Pueblo les reafirma en que hay “discriminación” por razones de lugar de residencia y de renta en el modelo ferroviario español, lo cual calificaron de “intolerable”. “Exigimos muy poco, pues el ritmo y la gravedad del cambio climático y de la despoblación justifican una mayor diligencia en acometer los cambios necesarios e ineludibles, en los cuales una malla de ferrocarril convencional es imprescindible”, concluyen.

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