El número de municipios afectados por nitratos en las aguas subterráneas se multiplica por más de 10, con 716 afectados

El número de municipios afectados por nitratos en las aguas subterráneas se multiplicó por más de 10, al pasar de 67 a 716 afectados entre 2009 y 2017, según los informes de seguimiento de la contaminación de origen agrícola y ganadero en la Comunidad de CCOO. El sindicato denunció hoy en el pleno del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, el “silencio” de la Junta ante la ausencia de actualización de las zonas vulnerables, cuyo último informe data de hace diez años.

El límite legal que marcan las normativas en los países de la UE para el agua de consumo humano es de 50 miligramos pro litro de concentración de nitratos; por encima de estos niveles, el agua es considerada no apta. Por eso, el sindicato reclamó en este órgano que se agilice la aprobación del decreto correspondiente y también preguntó por el estado de su tramitación, “sin obtener respuesta alguna”.

Este asunto, que no figuraba en el orden del día, fue tratado en el apartado de ruegos y preguntas para demandar esta petición. “Pero la callada se mantuvo por parte de los responsables de la Junta”, criticó CCOO. También recordó que en la anterior sesión del Pleno, el 13 de junio de 2018, cuando sí aparecía, fue eliminado “alegándose que había llegado un informe que se debía analizar y volver a traer al Consejo”.

La actualización de estas zonas en la Comunidad acumula ya un retraso de 10 años. CCOO sostuvo que hace ya “unos tres años” que la Administración autonómica cuenta con los informes y documentación “necesaria para su tramitación, y sin embargo sigue dejando pasar el tiempo y agravando el problema que la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos supone tanto para los agricultores y ganaderos como para la sociedad en su conjunto y el propio medio ambiente”.

La ausencia del decreto “está ocasionando un perjuicio económico para todo el sector agroganadero”, ya que los productos “pueden asociarse con un problema de contaminación de las aguas subterráneas por nitratos”. “Castilla y León no puede permitirse esta mala publicidad”, espetó el sindicato en un comunicado.

Además, prosiguió, los dueños de explotaciones que se están tramitando actualmente y que estén incluidas en zonas que pueden ser consideradas como vulnerables con la nueva propuesta, “tendrán que adaptar sus procesos de producción a las buenas prácticas que se establezcan, lo que en algunos casos podría suponer inversiones con las que no habían contado los propietarios”. Por lo tanto, este retraso es una “irresponsabilidad de la Administración autonómica que mira para otro lado sin querer poner soluciones al problema”.

Escenario actual

A juicio de CCOO, las aguas subterráneas de Castilla y León sufren un “serio problema” de contaminación por nitratos. Así, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) establece la existencia de 15 masas de agua subterránea afectadas por contaminación por nutrientes. Según un informe de seguimiento de la contaminación por nitratos de origen agropecuario, elaborado por la Junta en noviembre de 2016, las zonas vulnerables afectan a unos 25.551,41 kilómetros cuadrados de superficie, casi una parte del territorio total autonómico, que se eleva a 94 226.

Desde 2009 se ha multiplicado por diez la superficie. La situación “sigue agravándose a marchas forzadas” porque en los últimos tiempos se ha registrado un “incremento notable” en el número de autorizaciones tramitadas tanto para nuevas explotaciones ganaderas como para la ampliación de las existentes, lo cual “supondrá un importante aumento de las presiones sobre las aguas subterráneas.

Las actuaciones en las zonas vulnerables de Castilla y León, aconsejó CCOO, “deberían comenzar de forma inmediata”, dado que este informe de seguimiento de hace tres años expone que “de todo punto las medidas llevadas hasta el momento para el control de la contaminación con nitratos de origen agrario han sido poco eficientes, necesitando ser mejoradas y completadas”. La actualización de 2017 establece la “necesidad de actuar de forma inmediata”.

CCOO defendió que la actividad agrícola y ganadera es “perfectamente compatible” con la protección del medio natural “del que dependen”. Para ello, planteó, “sólo hay que aplicar políticas razonables de prevención y control del uso de este tipo de productos que pueden llegar a ser nocivos para la naturaleza”.