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El padre de Olivia exige rectificación pública del TSJ por “Intento de blanquear el asesinato de la pequeña” – HOY Castilla y León :: Noticias de Castilla y León
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El padre de Olivia exige rectificación pública del TSJ por “Intento de blanquear el asesinato de la pequeña”

Presentan una queja dirigida a José Luis Concepción y se reservan la posibilidad de formular una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos

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Los abogados Daniel Labrador de la Cruz e Ignacio Blanco Uríza, en representación de Eugenio García, padre de la pequeña Olivia, asesinada presuntamente por su madre en Gijón, presentaron una queja y exigieron una rectificación pública por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, en la que se reconozcan los incumplimientos del Alto Tribunal, pida de manera personal y públicamente disculpas al señor García y se depuren las responsabilidades con los ceses o dimisiones que correspondan. Todo ello ante la “inexplicable injerencia” del TSJ en el procedimiento y las declaraciones realizadas por Concepción el pasado martes.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, la defensa del padre señalaron que, “al duro golpe que ha supuesto para Eugenio y su familia la pérdida, se suma ahora el dolor moral y psicológico que, inexplicablemente, parece pretenderse desde la más alta institución judicial de Castilla y León”.

Consideraron que el TSJ “ha podido vulnerar los derechos de Eugenio García en lo que aparenta un intento de blanquear el asesinato de la pequeña de seis años”, quienes aseguraron que han “señalado ante la opinión pública” a Eugenio García por un delito de maltrato, pese que al propio magistrado en la sentencia refiere las mentiras de la señora Martínez en sus declaraciones.

 

Ricardo Ordóñez / ICAL. Comparecencia de los abogados de Eugenio García, padre de la pequeña Olivia, presuntamente asesinada por su madre en Gijón

 

La memoria de Olivia “merece un respeto, un trato justo y una justicia imparcial”. “Olivia no merece que su asesinato pretenda justificarse y enturbiarse con inexplicables comunicados de las instituciones que debieron protegerla y que resulta evidente que no hicieron”, dijeron.

El TSJ lo hizo con “información sesgada, interesada y presuntamente adulterada” cuando el pasado 3 de noviembre, solo dos días después de enterrar a la pequeña, trasladó a los medios de comunicación una nota de prensa con información sobre los procedimientos instruidos por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Segovia. Todo ello “sin referir el calvario judicial del señor García y de todo su entorno familiar y personal”.

Además, no se refirieron al archivamiento de la multitud de acciones ejercidas por la señora Martínez y de las que Eugenio fue absuelto. El Tribunal trasladó a los medios una sentencia del Juzgado de los Penal 1 de Segovia, que “no consta en la base de datos del Centro de Documentación Judicial (Cendoj)”.

Así como una sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia que, presuntamente, “adulteró el propio TSJ”, porque en la base de datos de Cendoj “aparecen las partes identificadas como Evelio y Jacinta, en lugar de por las iniciales completas de las partes”, como se trasladó a los medios de comunicación, en concreto, E.G.M. y N.M.L, agregaron

Ante la aparición de la información en diversos medios sobre “giro inesperado en la investigación por asesinato”, dejaron claro que no hay ningún giro en el presunto asesinato de la pequeña Olivia, pero esas fueron las consecuencias de “la inexplicable injerencia del TSJ de Castilla y León”. A todo ello, resulta más grave las recientes declaraciones del presidente del Tribunal, pues “faltando a la verdad”, se refirió al acceso público de estas sentencias, cuando una de ellas “no está disponible en Cendoj y la otra ha sido, presuntamente, adulterada por el TSJ”.

La defensa afirmó que son evidencias de que “no existe la transparencia a la que se refirió el pasado martes el presidente del TSJ”. “Nos hace cuestionar a partir de ahora la objetividad, las actuaciones y las declaraciones que procedan de esta institución”.

 

Queja presentada

Por todo ello, se ha presentado una queja dirigida al presidente del TSJ de Castilla y León, José Luis Concepción, conforme al artículo 160/13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que se informe del motivo por el que se trasladó a los medios la sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia, presuntamente, “adulterada” con respecto a la publicada en Cendoj; motivo por el que se trasladó a la prensa una sentencia que no consta en la base de datos de Cendoj y no era pública en el momento en el que se dio traslado; autor o autores de la redacción del referido documento; responsables de autorizar su publicación y distribución, así como de la ejecución material de su publicación; relación de medios que solicitaron la información y motivos alegados por los mismos, además de los medios finales a los que fueron destinados la información.

“Resulta evidente que el TSJ ha vulnerado el artículo 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el Protocolo que tiene vigente con el Colegio de Periodistas y el de Comunicación de la Justicia de 2020”.

Subrayaron que los ciudadanos de la Comunidad “no están seguros con respecto a la privacidad de sus actuaciones judiciales y a que sean tratadas objetivamente por el TSJ o sean tratados con imparcialidad”, quienes recordaron que “no van a tolerar ningún tijo de injerencia en el presunto asesinato de Olivia, mucho menos del TSJ, al ser quien debería haberla protegido y no dedicarse ahora a atacar a su padre”.

En ese sentido, los abogados apuntaron que La Ley Orgánica del Poder Judicial les ampara en la presentación de una queja ante el Consejo del Poder Judicial, pero puntualizó que también se podría presentar una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos.

“Si el presidente del TSJ atiende el requerimiento, rectifica, reconoce los incumplimientos y se toman medidas contra los responsables, no se seguirá adelante, porque no se quiere hacer ningún escarnio del TSJ. Consideramos que las instituciones tienen que tomar muy objetivamente estos procedimientos”, sentenciaron.

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