El Procurador del Común pide estudiar la posibilidad de una prestación para comedor y transporte en el ámbito rural
La institución solicita que “se adopte una medida de discriminación positiva en favor de las familias que residen en el medio rural”
El Procurador del Común solicitó a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León que lleve a cabo un estudio de viabilidad económico-financiera respecto a la posibilidad de implantar el servicio de comedor y transporte escolar en todos los centros ubicados en el medio rural.
Un servicio al que el Procurador propone que pueda acceder el alumnado sin excepción o subsidiariamente para que, de forma progresiva, se vaya implantando la medida en el conjunto de la red de centros educativos del medio rural, comenzando por aquellos de menor población, hasta que pueda llegar a todos en sucesivos ejercicios presupuestarios.
Además, apunta que dicho estudio de viabilidad podría ser de utilidad para demandar recursos en el marco de la financiación autonómica, dado que “no solo es la administración autonómica la que debe comprometerse con el medio rural y los problemas demográficos que sufre”.
Mediante esta solicitud, la Defensoría persigue que “se adopte una medida de discriminación positiva en favor de las familias que residen en el medio rural” en aras de facilitar a los progenitores conciliar la vida familiar y laboral, así como de dotar de calidad al sistema educativo, actuar en favor del mantenimiento de las escuelas rurales y contribuir a la retención y asentamiento de nueva población en el medio rural.
En la misma línea de apoyo a la educación en el medio rural, teniendo en cuenta la oferta de plazas públicas para el primer ciclo de educación infantil dos a tres años que se ha hecho para el presente curso escolar el Procurador Común también solicitó a la Consejería de Educación que se adopten las medidas oportunas para que dicho alumnado no se vea privado del servicio de transporte escolar, dado que en la actualidad no está previsto que los alumnos menores de tres años de edad puedan ser transportados en los autobuses escolares de más de nueve plazas debido a las limitaciones impuestas por la normativa vigente en materia de seguridad vial.
A tal efecto, abogó por ponerse a disposición del transporte de los alumnos de menos de tres años los vehículos y sistemas de seguridad acordes con la legislación vigente en materia de seguridad vial, de modo que el servicio de transporte escolar pueda ser prestado en condiciones de total seguridad a los alumnos de menor edad.
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