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El PSOE plantea suprimir con los aforamientos la prohibición de detener a miembros de la Junta y procuradores

Advierte de que sin consenso en un año no se podrá abordar la reforma del Estatuto y no ve posibilidad para una modificación express

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Leticia Pérez / ICAL La secretaria del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, informa en rueda de prensa sobre la propuesta de su partido de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León

 

El Grupo Socialista de las Cortes de Castilla y León plantea suprimir la prohibición de detener o retener a procuradores y miembros de la Junta por los actos delictivos cometidos en la Comunidad salvo caso flagrante de delito, al mismo tiempo que se eliminan los aforamientos, esto es el fuero especial por el que no son procesados por la justicia ordinaria, sino por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León o el Supremo.

La secretaria general del Grupo Socialista en las Cortes, Patricia Gomez, presentó la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, que registraron el pasado viernes, tras conocerse la decisión de ‘populares’ y Ciudadanos de abordar una modificación de la norma máxima de la Comunidad para eliminar los aforamientos de procuradores y cargos de la Junta.

En ese sentido, la parlamentaria socialista censuró que el PP y Cs no estén dispuestos a suprimir del Estatuto la imposibilidad de que un procurador o miembro de la Junta sea detenido, mientras plantean la necesidad de acabar con los aforamientos. Así ironizó con que no conocen los motivos por los que se mantiene esta medida, cuando de lo que se trata es de avanzar en la regeneración democrática.

La iniciativa del Grupo Socialista coincide con la de ‘populares’ y Cs en la supresión de los aforamientos y el reconocimiento de la inviolabilidad de los procuradores por los votos u opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones, aún cuando hayan cesado. Por tanto, los socialistas plantean dejar sin contenido el artículo 29 del Estatuto y modificar la redacción del 22, que reconocerá, además, a los parlamentarios como representantes de la “totalidad” del pueblo de Castilla y León, sin estar “ligados por mandato imperativo alguno”.

Además, la reforma del Grupo Socialista añade un nuevo artículo sobre la garantía de los derechos sociales, conocido como ‘suelo social’, que aparece recogido como “mínimo de inversión social”. El PSOE lo fija en el equivalente al 12 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad y plantea que su destino sea la mejora de la sanidad, la educación, la atención a los dependientes, la lucha contra la pobreza, el acceso a la vivienda, el empleo y la igualdad efectiva y real.

También el PSOE propone que el Estatuto establezca que la dotación de cada ejercicio destinada a la garantía de los derechos sociales en los Presupuestos de la Comunidad no pueda ser “inferior” a la del año anterior, así como que se tienen que prestar en “condiciones de equidad en todo el territorio”.

Además, los socialistas quieren que en este nuevo artículo del Estatuto se recoja la obligación de que las Cortes fijen en una ley los “estándares mínimos de cobertura y acceso a los servicios”, con el objetivo de que se haga “efectivo” el disfrute de los derechos sociales, como el acceso a intenet.

También se plantea modificar la redacción del apartado nueve del artículo 13 para que se recoja que los ciudadanos de Castilla y León tengan derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y a la Red de Protección a Personas y Familias, independientemente de que se encuentren en situación o no de exclusión. La parlamentaria indicó que se trata de una demanda acordada con los sindicatos.

 

Consenso

La secretaria general del Grupo Socialista advirtió a PP y Cs de que el Estatuto establece que si una reforma no logra ser aprobada, no se podrá volver a retomar hasta pasado un año, por lo que insistió en que no se puede hacer cambios “cada cinco minutos”.

Patricia Gomez afeó a PP y Ciudadanos la falta de cortesía parlamentaria por no haber abordado con ellos una reforma del Estatuto de Autonomía, para afrontar con consenso los cambios que se plantean. Además, señaló que el Grupo Popular conoce la posición, al respecto, de los socialistas, que recalcó son partidarios de suprimir los aforamientos siempre que se recoja un mínimo de inversión social, entre otras medidas.

También, la socialista recordó que Cs apoyó la propuesta del PSOE en un pleno de la cámara, celebrado en febrero de 2018. Patricia Gomez recalcó que los ‘populares’ no contactaron con el Grupo Socialista, que recalcó es el mayoritario en las Cortes para la reforma del Estatuto. Defendió que no existe una vía de modificación express, sino un procedimiento tasado que exige dos tercios del Parlamento autonómico para ser remitida a las Cortes Generales, a quien corresponde finalmente la reforma por ser una ley orgánica.

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