El TSJCyL anula la exención de licencia a las explotaciones ganaderas intensivas

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anuló a través de una sentencia del pasado 11 de abril la exención de licencia ambiental concedida por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a las explotaciones ganaderas intensivas, mediante el Decreto 4/2018 por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas en Castilla y León. El fallo declara que no es posible modificar por decreto una ley como la de Prevención Ambiental, “invadiendo de esta forma el Consejo de Gobierno de la Junta la competencia legislativa exclusiva del Parlamento autonómico”, según explicó hoy Ecologistas en Acción.

El Tribunal dictaminó que la modificación efectuada afecta al contenido fundamental de la norma con rango de Ley, “en cuanto que aspectos nucleares del mismo, como son todos aquellos sometidos al régimen de licencia o autorización, ahora se trasvasan desde el de licencia, más exigente en su régimen jurídico -información pública, informes preceptivos de la comunidad autónoma, etc.-, hacia un mero régimen de comunicación previa, sin que existan garantías equivalentes, como es la necesidad de evaluación ambiental previa”.

De esta manera, prosigue la resolución judicial, la modificación efectuada “excede con mucho a lo que está permitido a una norma de carácter reglamentario, en cuanto que, de un lado, modifica normas con rango de Ley”. Además, sostiene, por otro lado, que “altera de forma sustancial el contenido fundamental del régimen de licencias y comunicaciones ambientales que son exigidos como requisito previo para el ejercicio de actividades”. Para el colectivo concervacionista la atención que esta vulneración de la separación de poderes “no fuera advertida por el Consejo Consultivo de Castilla y León, cuya examen de legalidad fue inútil”.

El TSJCyL, como apunta Ecologistas en Acción, “detiene así en seco” la pretensión de desregulación por esta vía de estas actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, de manera que todas las explotaciones ganaderas no orientadas al autoconsumo doméstico vuelven a requerir licencia ambiental en Castilla y León. “Deberán seguir sometiéndose a información pública, informes previos y audiencia a los vecinos colindantes antes de implantarse, como venía sucediendo desde 1961, en que se aprobara el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas”, agregó.

A juicio de la organización, significa que una gran explotación ganadera industrial como la proyectada en Noviercas (Soria), con 20.000 vacas de leche, que conlleva un consumo de agua, unas emisiones de gases de efecto invernadero y una producción de residuos superiores a una ciudad como Soria, no podrá empezar a funcionar sin información pública ni informes. “A otra escala cientos de granjas intensivas de bovino, ovino, porcino o aves tampoco podrán ubicarse en los pueblos de Castilla y León sin que sus vecinos lo sepan, que era lo que pretendía la Junta”, enfatizó.

Críticas al consejero

De hecho, todas las explotaciones ganaderas intensivas que se hayan iniciado en el último año deberán legalizar su situación, correspondiendo las eventuales indemnizaciones por los gastos ocasionados a la Junta, como responsable de la regulación ahora ilegal. En opinión de Ecologistas en Acción, se trata de “una excelente noticia” para el medio ambiente de Castilla y León y de “un fracaso más” del consejero del PP Juan Carlos Suárez-Quiñones, “incapaz pese a ser él mismo juez en excedencia de observar la más elemental legalidad en las disposiciones de su Consejería en relación a materias como la participación ambiental, la caza, la conservación del lobo, la quema de rastrojos, la contaminación atmosférica o ahora las actividades clasificadas, en las que ha recibido sentencias contundentes de los tribunales”.

La organización ecologista señaló igualmente que espera que las elecciones autonómicas de la próxima semana “destierren definitivamente esta forma arbitraria y autoritaria de gobernar”, restableciendo las garantías y controles ciudadanos en materia de biodiversidad y de prevención ambiental, “en atención al principio de legalidad, a la protección de la salud y el medio ambiente y a los derechos constitucionales a la información, a la participación y a la tutela judicial efectiva”.