Centenares de jubilados de Castilla y León se concentraron hoy en las principales ciudades de la Comunidad para rechazar las últimas propuestas alcanzadas en el marco del Pacto de Toledo y que pretende desarrollar el Gobierno, ya que en su opinión solo buscan la precaridad del sistema público de pensiones y fomentar la privatización.
Una de las concentraciones más importantes tuvo como escenario la plaza de Fuente Dorada de Valladolid, donde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe) reclamó pensiones dignas, el mantenimiento del actual sistema público y el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución, en el que se establece que los poderes públicos deben garantizarán las pensiones.
Desde Fuente Dorada, los manifestantes se dirigieron hasta la Plaza Mayor, donde leyeron un manifiesto que luego entregaron a los representantes de los grupos políticos municipales.
El portavoz de Coespe Valladolid, Jesús Isabel Martín, calificó de “engaño” las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre el sistema de pensiones y resaltó que después de tres años de protestas y concentraciones, el último consenso alcanzado en el Pacto de Toledo ha sido capaz de poner de acuerdo a todos los colectivos de pensionistas, “dado que estamos ante un recorte muy grande de las pensiones venideras”.
Además, Martín reclamó la derogación del Pacto de Toledo, al consideró responsable del recorte progresivo que vienen sufriendo las pensiones desde 2012, así como de las reformas realizadas en 2011 y en 2013. “Basta ya de engaños. Además de la sangría que viene sufriendo el sistema público de pensiones, ahora, por si fuera poco, pretenden establecer mecanismos para favorecer la contratación de planes de pensiones privados”, aseguró el portavoz de Coespe.
El establecimiento de una pensión mínima de catorce pagas con 1.080 euros semanales, el mantenimiento de las pensiones de viudedad; la eliminación de coeficientes reductores en jubilaciones anticipadas y la garantía de tener derecho al cien por cien de la pensión con un mínimo de 40 años cotizados y 60 años de edad; la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC real y la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, son otras de las reivindicaciones planteadas.
Además, desde Coespe se reclamó una auditoria a las cuentas de la Seguridad Social tras la denuncia del Tribunal de Cuentas en la que se critica que los distintos gobiernos vienen utilizando fondos propios del sistema público a elementos ajenos a las pensiones, “algo que viene a demostrar que nuestros sistema público es viable y estable si nadie mete la mano en lo que no corresponde”.
Por último, Martín resaltó que las recomendaciones del Pacto de Toledo “solo nos traerán mas precariedad y dificultarán enormemente el acceso a una pensión digna a las futuras generaciones”.