El expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, confirmó hoy en su declaración ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Valladolid que juzga el ‘caso Perla Negra’, que no tuvo conocimiento de la compra del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda hasta un encuentro privado que mantuvo con Pablo Trillo en septiembre de 2008, en el que entonces vicepresidente de la Agencia de Inversiones y Servicios (ADE) y miembro del consejo de administración de Gesturcal, le trasladó sus “inquietudes” sobre la operación y, especialmente por considerar que los precios que se estaba barajando eran “elevadísimos”.
Herrera, que contestó por espacio de veinte minutos a las preguntas del abogado del entonces viceconsejero de Economía y después secretario general de la Consejería de Economía y Empleo, Rafael Delgado, uno de los principales inculpados en la causa y para quien la Fiscalía pide once años de cárcel, afirmó que no recordaba en el contexto en el que se celebró la reunión con Trillo, pero sí apuntó que en la misma le trasladó que pediría información directa al entonces consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva. Además, Herrera negó que después de la entrevista con Trillo mantuviera algún encuentro con los responsables de la consejera de Hacienda.
En su declaración, Herrera también defendió la gestión del consejero de administración de Gesturcal y aseguró que fue un acierto confiar en las personas que estaban detrás de esta empresa pública. “Los errores que se hayan podido cometer y que estamos conociendo se producen cuando se prescinde del consejo de administración”, aseguró, para recalcar que la operación para unificar las sedes de ADE tenía sentido y era “coherente” con la línea de trabajo que la Junta había venido realizando para agrupar los servicios.
Preguntado por si la compra del edificio de Arroyo fue una decisión política, Herrera aseguró que no se trató de una decisión basada en la valoración de datos, precios y circunstancias de un consejo de administración “bandera”, formado por personas “muy cualificadas, expertas y que ofrecían garantías y seguridad”, opinión que, según reconoció, se la trasladó al propio Tomás Villanueva.
Además, indicó que la primera noticia que tiene tras la conservación con Pablo Trillo es cuando el propio Tomás Villanueva le comunica que el consejero de administración de Gesturcal había acordado por unanimidad iniciar los trámites para compra del edificio por ser la mejor opción para “los intereses generales”, a la vez que le explica que, como paso previo, se había encargado una tasación del edificio a una empresa independiente. Meses después, ya en el año 2009, y una vez conocida la tasación privada, es cuando Villanueva le informa que el consejo de administración de Gesturcal ha aprobado por unanimidad la compra del edificio. “No fue una decisión política”, recalcó.
Mientras tanto, preguntado sobre si la operación de los terrenos de Portillo se enmarca dentro de los planes de la Junta para reactivar la economía fruto de la crisis económica del año 2008, Herrera indicó que el plan de inversiones elaborado por la Junta en un “momento de crisis pavorosa” buscaba un impulso económico, especialmente en el sector de la construcción, con un esfuerzo inversor, pero matizó que en el caso de la promoción de suelo industrial estaba dirigido más a la urbanización de los terrenos ya adquiridos que a la compra de suelo.
En la sesión de hoy también declaró María Teresa Mata, que fue secretaria general de la Consejería de Hacienda hasta 2009, quien reconoció que tras la delegación de competencias por parte de la entonces consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, a Tomás Villanueva para la tramitación del expediente administrativo para la compra del edificio de Arroyo, ella también firmó una delegación para este expediente en favor de Rafael Delgado, que en esos momentos era secretario general de la Consejería de Economía y Empleo. Además, también reconoció que le constaba que las condiciones de alquiler del edificio para la Junta “no eran muy favorables”.
El juicio se reanudará el próximo lunes, 18 de marzo, jornada en la que está previsto que declare como testigo el exviceconsejero de Empleo de la Junta de Castilla y León y exdelegado territorial en Valladolid Mariano Gredilla.