La exconsejera de Hacienda, Pilar del Olmo, aseguró hoy, en su declaración en el juicio del ‘caso de la Perla Negra’ que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid, que nunca conversó con el expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, sobre la adquisición del edificio de Soluciones Empresariales por parte de la entonces Consejería de Economía y Empleo, dirigida por Tomás Villanueva.
A lo largo de su declaración, Del Olmo también recalcó que la Consejería de Hacienda no tenía ninguna competencia sobre Gesturcal, a pesar de que contaba con miembros en el consejo de administración, a la vez que explicó que al ser una empresa pública, cuya deuda no computaba en el global de la Junta, no era sometida a controles fiscales internos.
A preguntas del Ministerio Fiscal, Del Olmo reconoció que, a finales de 2007, mantuvo una entrevista con Tomás Villanueva en la que le solicitó una delegación de competencias para poder alquilar el edificio de Arroyo y agrupar en el mismo los servicios centrales de la Consejería de Economía y Empleo, petición a la que accedió semanas después. En este sentido, también puntualizó que no se hizo ningún tipo de control de esta delegación, dado que no se fijaron plazos.
Al mismo tiempo, reconoció que tuvo información de las presuntas irregularidades en el juzgado, por lo que fue, ya como consejera de Economía y Hacienda, en 2015, cuando solicitó todo el expediente. A la vista del mismo, y tras comprobar irregularidades en el contrato de Unifica para la compartimentación del edificio y que rondaba los cuatro millones de euros, es cuando decidió la personación en el caso. Decisión que, según confesó, no pasó por el Consejo de Gobierno de la Junta.
Además, Del Olmo también confirmó que ella ordenó que se remitieran al juzgado dos tasaciones del edificio encargadas en enero de 2009 mediante un escrito de la Secretaria General de Economía y Empleo, a la vez que explicó que se trataba de dos tasaciones previas a la compra del edificio y no para su alquiler, que era para lo que había autorizado la delegación. Además de recalcar que no fue solicitada ninguna delegación para la compra, recalcó que Gesturcal, al tratarse de una empresa pública que se rige por el derecho privado, no requería ningún tipo de autorización de su departamento para llevar a cabo la operación.
No obstante, también indicó que no ordenó la personación de la Junta en el caso desde el principio, dado que los propios abogados de ADE y un informe de intervención acompañado por una tasación independiente que valoró el edificio en 58 millones de euros, concluía que no existió perjuicio para la administración.
En la sesión de hoy también declararon algunos de los propietarios que vendieron las fincas al Parque Empresarial de Portillo, coincidiendo que la negociación la llevaron a cabo con Luis Ángel Rodríguez Herrero, entonces director gerente de Industrias San Cayetano y que también fue uno de los socios fundadores del Parque Empresarial Portillo, llegando a ser, partir de de abril de 2012, su administrador único.
Además, también pasó por la Audiencia Provincial uno de los policías nacionales del Grupo de Delincuencia Económica que participó en la actuaciones y que confirmó el volcado de datos de Gesturcal en un disco duro.
El juicio continuará este jueves, 14 de marzo, a partir de la 10,30 horas con una nueva sesión en la declarará como testigo Juan Vicente Herrera.