En el juicio que se sigue en León por la muerte de seis mineros el 28 de octubre de 2013 en las instalaciones de la Hullera Vasco Leonesa hoy abrieron el turno de comparecencias los máximos responsables de la compañía, con el presidente Antonio del Valle a la cabeza. En respuesta a las preguntas del fiscal, comentó que el Consejo de Administración que encabezaba no tuvo nunca conocimiento de que hubiera señales de alerta por niveles altos de grisú o incidencias como que los ventiladores de la zona afectada se detuvieran. No llegó nada al Consejo que pudiera presumir un riesgo mayor del habitual, remarcó.
“Había una estructura de ingenieros, facultativos, comité de empresa… todos los que evaluaban si había riesgo o no. A través de estos órganos era la información que podía recibir el Consejo de Administración”, manifestó antes de señalar que después de que la zona fuera declarada por la Junta como sospechosa de desprendimientos instantáneos “se cumplieron las prescripciones». «No recuerdo todas las disposiciones; eran muchas. Recuerdo una de avance de galería que se cumplió a rajatabla”. En conjunto, dijo, se cumplía la reglamentación externa e interna sobre seguridad.
Según declaró a su defensa, el Consejo de Administración encargó, tras la muerte de los seis mineros, a distintas entidades estudios sobre si el macizo del Pozo Emilio afectado por el mortal escape de grisú cumplía la normativa, como así se hizo constar.
“Nosotros no estábamos en la mina todo el día. No sabíamos todos los trabajos que se hacían. No era nuestra función. El director general de vez en cuando informaba, iba dando un pequeño resumen”, apuntó y respecto a el mismo cargo añadió que “dependía todo de él quitando el ámbito administrativo. Dependía de él la dirección minera”.
Respecto al taller del Pozo Emilio donde se produjo la tragedia y cuya explotación se había iniciado semanas atrás dijo que el Consejo no se ocupaba de la programación de las explotaciones. “Tenemos un cuerpo técnico de gente muy preparada y competente que son los encargados de desarrollar esa labor. Nuestros departamentos hacen la planificación minera y son los responsables de llevar a cabo todo el trabajo”, remarcó y dio por hecho que el proyecto tipo elaborado en su día para la explotación seguía vigente, con las sucesivas autorizaciones de la Junta, para ese lugar en concreto, a pesar de que el fiscal mencionase que la profundidad a la que se trabajaba era superior a la última que aparecía en los documentos.
Respecto al despido de dos mandos de la empresa; uno de ellos el jefe de la brigada de salvamento y a las posibles reticencias que estos habrían planteado sobre la seguridad señaló que “fue una decisión que elevó el director general por falta de confianza y el Consejo lo apoyó. El director general sabrá las causas reales del despido. El Consejo se preocupó de que no influyeran en el servicio y fueran sustituidos por gente cualificada”.
El entonces vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle Alonso, declaró después de su hermano y en términos parecidos, dando por hecho que el proyecto de explotación estaba “aprobado en su totalidad” a pesar de que la Junta concediera hasta una cota que, al parecer, fue excedida.
“La Junta siempre alude al proyecto tipo y entiendo que está aprobado en su totalidad”, dijo y matizó que “en ningún momento le llega al Consejo ninguna duda” y respecto a los prescrito tras dos incidentes registrados en años anteriores coincidió en señalar que “se cumplió” lo determinado por la autoridad minera.
Detalló que las Disposiciones Internas de Seguridad (DIS) de la compañía se modificaban conforma variaba la normativa, que ninguna auditoría reflejó problemas de seguridad, que no se recibió ninguna comunicación sobre un riesgo inminente en la explotación y que “nunca se tocó” el presupuesto ni la estructura de seguridad. Respecto a los despidos de los dos cargos que habrían denunciado falta de medidas de seguridad o fallos en las mismas señaló que “se aceptó la decisión del director general”.
El tercero en declarar en esta primera sesión de comparecencias fue el vocal de la sociedad, Aurelio del Valle Jover, quien dejó claro que “nunca” tuvo funciones ejecutivas en el Consejo de Administración, en el que figuraba como consejero ejecutivo, como denominación obligada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
En su faceta de jefe de personal, señaló, sus tareas no tenían relación con el ámbito de la seguridad y estaban vinculadas a cuestiones como la elaboración de nóminas, altas y bajas de personal o las relaciones con los proveedores del servicio de economato, permaneciendo “totalmente ajeno” a lo relacionado con ese aspecto del funcionamiento de la compañía.
Añadió que cuando se produjeron los despidos vinculados al servicio de seguridad se encontraba de vacaciones. “No puedo comentar absolutamente nada” dijo y negó conocer la existencia de un expediente en la Junta de los responsables de Minas sobre seguridad.
Los tres acusados que declararon hoy únicamente respondieron a las preguntas del fiscal y de su defensa. Para mañana está prevista la declaración del que fuera director general de la Hullera Vasco Leonesa, Mario Calvo, y el director facultativo, José Eliseo Solís, y el ingeniero de Minas, David Toribio.