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Junta y Diálogo Social negocian una nueva Renta de Ciudadanía ligada a la inserción y la escolarización que complete el IMV

Esperan alumbrar antes de un mes y medio un acuerdo que buscará, además, simplificar los trámites a los solicitantes

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La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades negociará a partir de la próxima semana un nuevo acuerdo para reformar la Renta Garantizada de Ciudadanía con los agentes del Diálogo Social -UGT, CCOO y CEOE en Castilla y León-, para contar con una prestación que complete el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a los perceptores que acepten un plan de inserción laboral y social y se comprometan con la escolarización de los menores. Además, otro de sus objetivos es reducir los trámites para facilitar su solicitud.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, presidió hoy la reunión de Renta Garantizada de Ciudadanía dentro del marco del Diálogo Social para reformular esta prestación de la Comunidad, más de un año después de que se aprobara en España el IMV, cuya ley se sigue tramitando en el Congreso de los Diputados con “cientos” de enmiendas y anuncios de modificación por parte del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

La próxima semana los representantes de Familia y del Diálogo Social inician las reuniones de las mesas de negociación para fijar la cuantía de la nueva Renta, así como todas las condiciones y requisitos que se exijan con el objetivo de cerrar un acuerdo en un plazo de un mes o mes y medio. De momento no se ha determinado si se planteará una modificación legislativa o una nueva norma, sobre lo que les orientarán los letrados del Gobierno autonómico.

El encuentro de este martes dio el pistoletazo de salida a la nueva Renta que según indicó la consejera de Familia trata de “no dejar a nadie atrás”, pero también para que al igual que ahora todos los perceptores que no acceden al IMV reciban la prestación autonómica y, por otro lado, se vincule a la inserción, con independencia del Ingreso Mínimo Vital, de manera que sus posibles modificaciones no afecten a la regulación autonómica.

 

Miriam Chacón / ICAL . La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, preside la reunión de Renta Garantizada de Ciudadanía dentro del marco del Diálogo Social.

 

La iniciativa surge según Isabel Blanco al comprobar en el último año que cerca del 95 por ciento de los 6.937 beneficiarios de la Renta, que pasaron a cobrar el subsidio estatal abandonaron el itinerario formativo o el contrato de trabajo que se les había ofrecido, dado que esta renuncia no implica la pérdida del IMV, a diferencia de lo que ocurría con la prestación autonómica. También, añadió, se ha detectado un incremento del absentismo escolar entre los hijos de los antiguos perceptores de la Renta, puesto que tampoco implica la pérdida de la ayuda.

Por ello, la titular de Familia, sostuvo que la propuesta es que para ser perceptor de la nueva Renta se exigirá estar empadronado y residir en Castilla y León, ser perceptor del IMV y tener un proyecto individualizado de inserción. Además, la Junta plantea reforzar esos planes que ya tenía la prestación en la Comunidad y que no incorpora el Ingreso Mínimo Vital, así como el seguimiento que se realiza, y también el compromiso con la escolarización de los menores.

“Los Servicios Sociales de Castilla y León tienen que ser la puerta de entrada de esas familias en cualquier situación vulnerabilidad, pero también la puerta de salida, al proporcionarles los medios para que se inserten y tengan una vida normal”, expuso Isabel Blanco, quien insistió en que han reclamado la gestión del IMV al Gobierno, pero ante la negativa abogó por reformular la Renta Garantizada de Ciudadanía para así evitar que se cronifique la dependencia de la subvención.

 

Más de 15.000 beneficiarios

Estos cambios, que tendrán que negociar la Junta y el Diálogo Social, elevarán quizás hasta las 20.000 personas los beneficiarios de estas prestaciones. Actualmente, según la Junta, existen en Castilla y León 15.886 familias que reciben el IMV –el 31 por ciento de las que lo han solicitado– y otras 34.936 a las que se les ha denegado o inadmitido la prestación estatal.

Dentro del primer bloque, hay 2.222 familias con Renta que perciben menos cuantía que en el IMV. Sin embargo, la Junta ha complementado ya la nómina de estas familias, gracias a la reforma de la normativa reguladora de la Renta Garantizada, aprobada en noviembre del pasado año. Aquella modificación, consensuada con el Diálogo Social y con las entidades del Tercer Sector, hizo posible la complementariedad de ambas prestaciones, de forma que las personas vulnerables antes perceptoras de la RGC y hoy del IMV reciben un ingreso extra de casi 235 euros de media para que no pierdan poder adquisitivo.

Por su parte, el secretario autonómico de CCOO, Vicente Andrés, destacó que se abre un nuevo escenario en Castilla y León al no esperar a lo que suceda con el IMV, porque recordó 120.000 personas están en pobreza severa. Por ello, confió en que la negociación sea “rápida” para que la norma llegue a las Cortes y se tramite con el máximo consenso, con el fin de lograr reunir a la unanimidad del parlamento, puesto que recordó así nació la Renta Garantizada de Ciudadanía.

En la misma línea, el secretario autonómico de UGT, Faustino Temprano, destacó que la Comunidad va a mantener su prestación, con independencia de lo que se apruebe en el Congreso, ya que forma parte de su Estatuto de Autonomía de Castilla y León, ya que como derecho subjetivo es el único que lo recoge.

Además, apuntó que el objetivo no solo seguir ayudando a las personas que más lo necesitan, sino también orientarlas hacia a la inserción laboral. Para ello, recordó que en los planes de empleo los perceptores de esta prestación son un “colectivo prioritario”. También pidió al Gobierno simplificar los trámites del IMV, porque aseguró que algunas familias se quejan de que se les exige mucha documentación y exigió compromisos en los presupuestos de las administraciones con estas ayudas.

Finalmente, el secretario general de CEOE en Castilla y León, David Esteban, destacó el papel del diálogo social en la Renta Garantizada de Ciudadanía y expresó la preocupación de los empresarios por cómo puede quedar finalmente el IMV, ya que advirtió de que una ayuda de subsistencia puede “cronificar esa situación”. Por ello, señaló que desde la Comunidad se intenta evitar esto para que las familias puedan integrarse a la sociedad de manera “digna”.

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