La Audiencia de Salamanca acuerda la expulsión del país de un ciudadano dominicano condenado a tres años de prisión por tráfico de drogas

La Audiencia Provincial de Salamanca emitió una sentencia en la que condena a un hombre, natural de la República Dominicana, a tres años de prisión por un delito contra la salud pública por tráfico de sustancias estupefacientes, al vender cocaína al menudeo, y acordó asimismo su expulsión del país, como sustitución de la pena privativa de libertad que aún le quedase por cumplir, por un periodo de cinco años.

El acusado fue detenido dentro de una operación iniciada por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional en Salamanca sobre el tráfico de sustancias estupefacientes en la ciudad, al conocer que el varón, sobre el que realizaron un seguimiento, podría estar traficando con cocaína, tal y como figura en la sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca a la que ha tenido acceso Ical.

Así, el 11 de septiembre de 2019, los agentes vieron al varón realizar varias llamadas, en actitud vigilante, poco después de salir de su domicilio, por lo que a la altura de la calle Pedro Mendoza de Salamanca procedieron a su detención y cacheo, durante el que encontraron un envoltorio de plástico que contenía cocaína con un peso de 19,89 gramos y una pureza del 50,43 por ciento, que podría alcanzar un valor de venta al por menor de 1.310,07 euros y, por dosis, de 2.838,69 euros.

Posteriormente, y ante las sospechas que despertó el varón al dar un domicilio distinto al que los agentes conocían, el 12 de septiembre se realizó una entrada y registro en la vivienda conocida, en el que se pudo intervenir una báscula de precisión y una sustancia blanca prensada, envuelta en plástico, que una vez analizada resultó ser cocaína, con un peso de 211,87 gramos y una pureza del 48,6 por ciento, valorada al por menor en 13.448,62 euros y, en venta en dosis, en 29.141,42 euros.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Salamanca condenó al hombre a una pena de tres años de prisión y al pago de una multa de 60.000 euros, si bien acordó la expulsión del territorio español del varón como sustitución de la pena privativa de libertad que aún le quedase por cumplir. La sentencia es firme y no cabe recurso contra ella.