La Audiencia juzgará por seis delitos al exjefe de mantenimiento de Valladolid y a los otros tres implicados en el caso

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid acuerda la apertura de juicio oral por seis delitos contra el exjefe de mantenimiento del Ayuntamiento de la capital, Luis Alberto Samaniego, y los otros acusados -su hijo, Luis Javier Samaniego; su primo, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable de la empresa, Miguel Ángel Rodríguez Patín-, según recoge el auto al que tuvo acceso Ical.

Asimismo, la magistrada, que deja la causa en manos de la Audiencia Provincial de Valladolid, impone una fianza “conjunta” y solidaria, a partes igual, de 785.500 euros, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérseles, si se confirman los sobrecostes y facturas indebidamente percibidas.

En concreto, el juzgado ordena abrir juicio oral contra Luis Alberto Samaniego por los delitos continuados de negociaciones prohibidas a los funcionarios y falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa, junto a los de prevariación y tráfico de influencia y fraude a la administración.

Su hijo, Luis Javier Samaniego, se le acusa de un delito continuado de negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude de a la administración, falsedad en documento mercantil, estafa, y prevaricación. Además su primo, Antonio Bernardo Samaniego, es acusado de un delito continuado de negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude de a la administración, falsedad en documento mercantil, estafa, y prevaricación.

También considera al contable de la empresa Miguel Ángel Rodríguez Patín responsable de los delitos de negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude de a la administración, falsedad en documento mercantil, estafa, y prevaricación. Contra este auto no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal del acusado, por lo que pude interponer un recurso de reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Para los otros tres acusados la Fiscalía pide penas de siete años y diez meses para cada uno por los mismos delitos así como multas que ronda los 20.000 euros, cantidad similar a la que reclama para Luis Alberto Samaniego.

En su escrito, el fiscal relata que el acusado, aprovechando su puesto de jefe de mantenimiento y sus facultades en los contratos menores por empresas externas, se benefició directamente y benefició al resto de los acusados. Además, sostiene que entre 2008 y 2014, los acusados, aprovechando la presentación por parte del acusado de empresas del mismo grupo empresarial para garantizarse la adjudicación de las obras, incrementaron los precios de los servicios prestados. En este sentido, estima el sobrecoste pagado por el Consistorio en estos años en más de 671.000 euros.

Además, también considera probado que entre estos años el principal acusado presentó facturas al cobro por trabajos que no habían sido realizados por valor de más de 88.000 euros.

Cabe recordar que el pasado mes de julio la titular del Juzgado de Instrucción número 4 ratificó, su resolución contra los cuatro investigados y mantuvo la imputación ante la existencia de indicios de cinco presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad.

Entonces, y tras analizar las facturas emitidas por las 13 empresas investigadas, la juez concluyó que el perjuicio causado a las arcas municipales por el reparto de obras del exjefe de Mantenimiento a sociedades de su hijo y de su primo asciende a casi 2,5 millones de euros.

Según el auto, en los 14 años analizados, la empresa de la que era administrador Samaniego, Castellano Leonesa de Mantenimiento, más las cinco de su hijo y las siete de su primo emitieron 1.316 facturas por un importe de 10,9 millones de euros, de los que 9,6 corresponden a contratos menores, es decir sin necesidad de concurso ni de resolución administrativa.

Es en la adjudicación de estos contratos menores donde se produjo la presunta actuación delictiva, mantenida hasta que en 2014. En su relato de los hechos indiciarios después de tres años de instrucción del caso, la juez sostiene que Samaniego adjudicó contratos menores para obras en edificios municipales a empresas suyas o de su entorno familiar “a sabiendas de que dicha actuación la tenía prohibida por razón de su cargo”, sin comunicarlo al Ayuntamiento “y con el consiguiente beneficio propio y de su entorno familiar”.