La COVID-19 será considerará accidente laboral para los empleados de residencias públicas de la comunidad

La COVID-19 se considerará accidente laboral para los trabajadores de las residencias públicas, después de que los servicios jurídicos del sindicato en Zamora hayan sacado adelante la reclamación de los trabajadores de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales que desarrollan su actividad en las residencia de personas mayores y que se contagiaron por coronavirus en los peores momentos de la pandemia.

La Gerencia de Servicios Sociales cuenta en la provincia de Zamora con tres centros socio-sanitarios, que “sufrieron unos índices altísimos de contagio por COVID-19 derivados de la inicial falta de medidas de protección y del trabajo desarrollado”.

Los tres establecimientos, que cuentan con más de medio millar de plazas y cerca de 400 empleados, son el Centro de Atención a personas con discapacidad ‘Virgen del Yermo’ y la residencia de personas mayores ‘Los Tres Árboles’, en la capital zamorana, y la residencia ‘Los Valles’, en Benavente.

“La terribles situaciones que se produjeron en las residencias de personas mayores durante los primeros meses de la pandemia todavía están en el recuerdo de todos nosotros, aún así, la Seguridad Social se negaba a reconocer que los trabajadores socio-sanitarios de esas residencias sufrieron unos índices de contagio altísimos derivados de la”, según señalaron fuentes de la organización sindical.

“Como reclamaban los Servicios Jurídicos de CCOO y se reconoce en la sentencia, los índices de contagio entre el personal de estos centros fue muy superior al de la población normal y mayor aún en el caso de los colectivos profesionales que tuvieron que prestar una atención directa y personal a las personas residentes”, añadieron.

En este contexto, CCOO recalcó que el “riesgo específico ya estaba recogido” en la normativa del Estado de Alarma para los trabajadores sanitarios y socio-sanitarios y que la sentencia “incide también en la alta tasa de contagios en estos centros, así como en la falta de medidas de seguridad” frente a la transmisión de la enfermedad.

Varios trabajadores de estos centros, afiliados a CCOO, que sufrieron la COVID-19 en esos primeros meses de 2020 y, en algunos casos, también sus secuelas, reclamaron a la Seguridad Social que su enfermedad fuese considerada “enfermedad profesional, derivada de un accidente laboral y, ante la negativa de esta administración, han tenido que acudir al juzgado para ganar este reconocimiento”.

Asimismo, los servicios jurídicos del sindicato señalaron que las posibilidades de contagio en aquellos momentos “se veían restringidas de forma drástica, al no poder realizarse otras actividades públicas que no fuesen el trabajo o el desplazamiento”.