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La futura ley autonómica contra la violencia de género amplia la protección a transexuales y menores y familiares que convivan con las víctimas

El anteproyecto reconoce nuevas formas de maltrato como el que se ejerce por las redes sociales

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La nueva ley de atención integral a las víctimas de violencia de género que amplia la protección a transexuales, niñas y menores que se encuentren bajo la custodia de las víctimas y otros familiares convivientes. Además, reconoce nuevas formas de violencia contra la mujer, como la que se ejerce por medio de las nuevas tecnologías y las redes sociales y contempla la creación de redes de atención especializadas, así como un refuerzo de la atención a los maltratadores con el objetivo de desarrollar programas de tratamiento para prevenir la reincidencia.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, presentó hoy el anteproyecto de ley en cuya elaboración han participado 78 organizaciones y un centenar de profesionales que trabajan directamente con las víctimas y recalcó que, al igual que la ley autonómica de 2010, la futura normativa aspira a convertirse en un referente nacional en la protección a las mujeres.

“Se trata de una ley ambiciosa, moderna, que revisa toda la normativa actual y eleva al rango de ley algunas prácticas que se vienen realizando”, aseveró Blanco.

El anteproyecto, según explicó la consejera, se sustenta en tres pilares. El primero es la actualización de la norma para dar cabida a la nueva realidad social y regular las nuevas formas de violencia, para de esta forma extender la protección. El segundo pilar incide en la prevención, detección y evaluación para consolidar una cultura de rechazo, mientras que el tercer pilar para por modificar los modelos de atención a las víctimas, al pasar de un enfoque exclusivamente asistencialista a otro que incluye procesos de recuperación de la autonomía personal de la víctima.

El ámbito de aplicación de la norma se extiende y, con ello, se amplía la protección a más personas. Así cita expresamente a mujeres trans, niñas y adolescentes en situación de violencia de género, pero también a los menores que se encuentren bajo su patria potestad o guarda y custodia, así como a los familiares, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, que convivan con ella. Bajo el paraguas de esta ley figuran también las mujeres castellanas y leonesas retornadas, que hayan sido víctimas de violencia de género en otro país.

El anteproyecto tipifica cuatro nuevas formas de violencia de género y actualiza otras para adecuarlas a la realidad social. Dentro del primer bloque, cabe destacar la ‘violencia digital’, es decir, la que se ejerce utilizando las tecnologías de la información y las redes sociales, donde se enmarcan actitudes como el ciberacoso; las ciberamenazas; la ciberdifamación; la pornografía no consentida; los insultos y el acoso por motivos de género; la extorsión sexual; el control o espionaje a través del móvil y cualquier herramienta digital (redes sociales, webs, foros, correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea…); la difusión de datos personales o documentos íntimos en la red; la coacción para obligar a la víctima a facilitar claves personales; la usurpación de su identidad en línea, y las amenazas de violación y de muerte.

Otra de las modalidades introducidas en el texto legislativo es la ‘violencia vicaria’, que comprende la que se ejerce sobre los hijos y familiares o allegados a la mujer, sean menores o mayores de edad.

La tercera tipología nueva es la llamada ‘violencia de segundo orden’, que incluye los actos de violencia física o psicológica, represalias, humillaciones y la persecución ejercidas sobre las personas que apoyan a quienes sufren la violencia de género, así como las acciones que impidan la prevención, detección, atención y recuperación de las víctimas. Junto a esto, se regula también por primera vez la ‘violencia institucional’, que comprende las acciones u omisiones que se realizan desde la administración pública con el fin de diferir, obstaculizar o impedir el acceso a derechos para una vida libre de violencia.

 

Prevención

El anteproyecto legislativo, según Blanco, además de ser un texto flexible y con el que se quiere dar cumplimiento al compromiso “ineludible” del Gobierno de Fernández Mañueco, incide en la prevención y en la detección precoz como herramientas fundamentales. A tal efecto, la ley determina que la Junta de Castilla y León aprobará, cada cuatro años, un plan integral de sensibilización y prevención.

A su vez, el anteproyecto de ley dedica el título primero a la evaluación, investigación e innovación en materia de violencia de género. Según la consejera, el análisis y medición de resultados se configura como una herramienta clave para planificar e implementar actuaciones eficaces. Junto a esto, se prevé la realización de estudios sobre las causas y consecuencias de la violencia de género, también analizada en el medio rural, y la promoción de investigaciones en el ámbito universitario que ayuden a mejorar la prevención, la atención y la efectividad de la recuperación en situaciones de violencia de género.

La futura ley también regula en su articulado que los apoyos de las víctimas se canalizarán a través de la Red de Atención General y de las Redes de Atención Especializada, orientadas a los cuidados de mujeres que, además de sufrir violencia de género, padecen algún tipo de discapacidad, enfermedad mental grave, adicciones o trata y explotación sexual.

Esa intervención de las redes especializadas constituye otra de las novedades más destacadas que incorpora este texto con respecto al anterior del año 2010, a lo que se une la creación de servicio de atención psicológica a hombres que ejerzan violencia contra las mujeres, con el reto de modificar sus comportamientos, que también desarrollará programas de tratamiento para prevenir la reincidencia.

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