La Guardia Civil investiga a cuatro personas por vertidos peligrosos a un arroyo de Hornillos de Eresma (Valladolid)
Tras un año de investigación, el Seprona ha logrado vincular el vertido a una empresa ubicada en el propio municipio
La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de cuatro personas como autores de un delito contra los recursos naturales y medio ambiente por vertidos peligrosos a un arroyo de Hornillos de Eresma (Valladolid).
Tras recibir una denuncia anónima de un ciudadano y de la propia alcaldesa de Hornillos de Eresma sobre un vertido en el cauce del arroyo Sangujero en abril del pasado año, el equipo del Seprona de la Comandancia de Valladolid puso en marcha una investigación.
Además, durante el último año, según confirmaron fuentes del Instituto Armado, se inspeccionaron once kilómetros del cauce del arroyo Sangujero, que discurre entre los términos municipales de Olmedo y Hornillos de Eresma. Durante estas inspecciones se localizaron diferentes puntos de vertido, a la vez que solicitaron informes relacionados con el episodio ocurrido el día 2 de abril de 2021, el cual había sido denunciado por la edil de Hornillos de Eresma a empresas relacionadas con la limpieza del cauce, como a la Confederación Hidrográfica del Duero.
Una vez finalizadas estas gestiones, se realizaron cinco tomas de muestras fisicoquímicas y biológicas, tanto en el cauce, como en la propia depuradora de una empresa ubicada en Hornillos de Eresma, que fueron remitidas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en Madrid. En el resultando se puso de manifiesto que esta empresa aportó de forma reiterada vertidos con alta carga contaminante por materia orgánica, poniendo en riesgo la salud de las personas y el equilibrio de los ecosistemas del arroyo.
Finalizadas las investigaciones, el pasado mes de marzo se procedió la investigación de cuatro personas responsables de la actividad de la empresa, como supuestos autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, el cual se encuentra penado con prisión de seis meses a dos años, y multa de 10 a14 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años. Los investigados, con edades comprendidas entre 40 y 60 años, son L.S.G., N.S.A., F.V.G., y J.C.L.A.
Paralelamente se tramitaron las correspondientes denuncias administrativas a las diferentes administraciones implicadas en la materia. Las sanciones por este tipo de infracciones son las siguientes pueden ascender hasta 500.000 euros en el caso de la muy graves, mientras que para las leves se establece una multa de 10.000 euros.
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