La Junta asume falta de comunicación en el decreto de los sanitarios e insta a volver a la negociación
Igea y Casado insisten en que no se hará nada por imposición y sin acuerdo con los representantes de los trabajadores

La Junta de Castilla y León asumió hoy un “problema importante” y “responsabilidad” de comunicación en el decreto publicado el pasado sábado en el Bocyl por el que el presidente regula las prestaciones personales obligatorias sobre los recursos humanos en el ámbito del Sistema de Salud de la Comunidad.
Así lo expresaron el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno cuando en esos momentos se producían concentraciones de los seis sindicatos sanitarios en centros de toda la Comunidad en contra del citado decreto.
Igea y Casado instaron a volver a la negociación y aseguraron que “no se hará nada por imposición” y sin el acuerdo entre las partes, pero reiteraron que es necesario el paraguas legal adoptado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como autoridad delegada del estado de alarma en esta segunda ola.
Ambos explicaron que hubo acuerdo con los sindicatos en cuatro reuniones y se quedó en que para rematar el mismo hacía falta el decreto del presidente, adoptado el viernes en una reunión del comité de crisis (formado por cinco personas) y publicado el sábado en el Bocyl.
Tal es así que Igea precisó que estaba previsto, una vez que el decreto estaba publicado, celebrar la Mesa Sectorial el lunes para rematar el acuerdo concreto con los sindicatos, si bien los representantes de los trabajadores le rechazaron y han convocado las concentraciones.
“Quien más necesita la medida son los profesionales”, aseguró el vicepresidente, que apeló a la solidaridad y a la vuelta a la negociación, igual que lo hizo Casado, pero también precisó Igea que sin el decreto no puede existir acuerdo, por lo que no se puede retirar, ya que no habría el soporte legal.
La titular de Sanidad manifestó que lo recogido en el decreto, ante una situación de excepcionalidad, es similar a la normativa del estado de alarma del pasado mes de marzo y recalcó que no se hará nada sin el consenso con los profesionales de la sanidad. “No se hará nada en detrimento de los profesionales”, recalcó, a los que tendió la mano.
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