La Junta destaca en Zamora el “compromiso contra la despoblación y a favor de los jóvenes” que refleja el programa Rehabitare

Juanma de Saá / ICAL
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, destacó hoy el “compromiso” de la Junta de Castilla y León en la “lucha contra la despoblación” y “a favor de los jóvenes” que representa el programa Rehabitare, destinado a rehabilitar viviendas de titularidad municipal que se encuentran en desuso para incorporarlas al parque público de alquiler social de la Comunidad autónoma.

Suárez-Quiñones hizo estas declaraciones en la Diputación de Zamora, después de firmar con el presidente de la Institución provincial, Francisco José Requejo, un convenio para la rehabilitación de viviendas dentro de ese programa.

El acuerdo recién suscrito contempla la rehabilitación de ocho viviendas y la aportación de 208.000 euros por parte de cada una de las dos administraciones. Además del compromiso adquirido con el acuerdo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente invertirá 870.000 euros hasta 2023 en adecuar otras 18 viviendas más en la provincia de Zamora.

De esta forma, desde 2016 hasta finales del año pasado, se ha realizado una inversión de 1,3 millones de euros para adecuar 26 viviendas en la provincia de Zamora, con un cómputo total de 52 rehabilitadas calculado para el término de esta legislatura y una inversión de 2,3 millones destinados a aumentar la oferta de alquiler social en el entorno rural.

“La incorporación de la Diputación de Zamora y del resto de instituciones provinciales supone un gran impulso para seguir ampliando el parque público de vivienda social en Castilla y León, sobre todo en el medio rural, donde se centra específicamente este programa”, aseguró el consejero.

3.000 viviendas esta legislatura

En este contexto, Juan Carlos Suárez-Quiñones recordó que el proyecto Rehabitare surgió en 2009 para rehabilitar viviendas de titularidad municipal en desuso e incorporarlas al parque público de alquiler social de Castilla y León, que cuenta con unas 2.200 viviendas y que “se pretende llegar a 3.000” durante la presente legislatura. “El primer objetivo es dar una solución residencial a un precio testimonial a personas con dificultades. Además, mantener y aumentar la población en nuestros pueblos dentro de la lucha contra la despoblación, rehabilitar el patrimonio inmobiliario de nuestros pueblos y llevar cierta actividad económica a la zona”, enumeró.

“El programa inicial duró poco tiempo en 2009 por la crisis económica pero fue relanzado desde 2016. Desde ese año, en cinco años hemos hecho 262 rehabilitaciones en Castilla y León, con una inversión de más de 12,1 millones de euros”, detalló.

La previsión hasta 2023 apunta a invertir en Castilla y León otros 12,2 millones más y superar el medio millar de viviendas rehabilitadas en total para el parque público de alquiler social al término de la Legislatura. “En Zamora, en los próximos tres años vamos a rehabilitar otras 26 viviendas, es decir, lo mismo que hicimos en cinco años vamos a hacer ahora en tres, con la participación de la Diputación”, recalcó.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, quien agradeció al consejero el trabajo realizado durante los últimos meses y la “celeridad” por poner en marcha en convenio, consideró “esencial” la colaboración entre las instituciones para “impulsar políticas activas” para “potenciar” el mercado del alquiler como forma de acceso a la vivienda.

“Esta opción presenta la ventaja de solucionar el acceso a la vivienda en un período puntual de forma lo suficientemente flexible para que los ciudadanos puedan adaptarse a las necesidad que se les presenten”, indicó. “Además, el alquiler es una de las alternativas de preferencia para la población joven frente a la compra. Es esencial impulsar las actuaciones de rehabilitación del parque inmobiliario residencial de la provincia para aumentar el parque público de viviendas y, sobre todo, fijar población”, concluyó.

Para desarrollar el convenio, habrá una comisión de seguimiento que seleccionará las ocho viviendas para recuperar en virtud del acuerdo, que deberán ser de titularidad municipal en pleno dominio y libre de cargas.

Los municipios deberán tener una población inferior a los 5.000 habitantes y justificar la existencia de demanda de viviendas en alquiler a través del registro público de demandantes de viviendas de protección pública de Castilla y León.

La Diputación de Zamora prestará el apoyo y la coordinación necesaria para llevar a cabo las actuaciones y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente será la responsable de contratar las obras de rehabilitación y el coste total de la rehabilitación no podrá exceder de 40.000 euros más IVA. En caso de que se supere esa cifra, el ayuntamiento se hará cargo del exceso.