La Junta destinará una nueva línea de cinco millones para complementar los ERTE de los trabajadores más afectados por la pandemia

Miriam Chacón / ICAL. La consejera de Empleo e Industria de la Junta, Carlota Amigo, comparece en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para informar sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad

La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, anunció hoy una partida de cinco millones de euros para una línea de ayudas que permitirá complementar los ERTE de aquellos trabajadores más afectados por la pandemia. Amigo puntualizó que, a diferencia del programa de ayudas a los trabajadores afectados por ERTE de fuerza mayor “que ya se está pagando a los trabajadores”, esta nueva línea no seguirá “como único criterio” la hora de entrada de la solicitud en el registro.

Durante su comparecencia en las Cortes para informar sobre el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo año, Amigo avanzó que esta línea “primará” a la hora de adjudicar los fondos a los beneficiarios, aquellos que se hayan visto más afectados por los ERTE. “Los trabajadores recibirán la ayuda en función del menor salario, el número de días afectados y la hora de entrada de la solicitud en el registro”, unos criterios con los que confió en poder ayudar “a los trabajadores que más se han visto afectados”.

La consejera incidió en que esta cuantía se suma a los seis millones que ya se han distribuido en el presente ejercicio. Con un montante total de once millones, la consejera de Empleo e Industria situó a Castilla y León como la Comunidad que ha hecho “mayor esfuerzo” para complementar las prestaciones por ERTE y “una de las pocas que ha establecido este tipo de ayudas”.

De la misma manera, la consejera avanzó una línea de casi 2,5 millones para paliar la situación económica que afecte a los trabajadores. Una parte irá destinada a favor de los trabajadores contratados por empresas azucareras que desarrollan su actividad en el ámbito de la Comunidad vinculados a empresas bajo la modalidad contractual de contrato indefinido fijo discontinuo y de duración determinada afectados por un procedimiento de regulación de empleo para así “garantizar recursos mínimos de subsistencia” a trabajadores vinculados por campaña a la molturación de la remolacha cuando se plantee la necesidad de paralizar la actividad como consecuencia de circunstancias meteorológicas adversas que obliguen a la suspensión de los contratos de trabajo.