La Junta de Castilla y León emitió hoy un comunicado institucional donde “lamenta que el Gobierno de España trate de obstaculizar con su recurso” la acción del Gobierno autonómico, que según apuntan “tiene como único objetivo proteger la vida y la salud de las personas y reducir lo más posible el daño a la economía”. Además, reiteran que “el toque de queda a las 20.00 horas sigue vigente en tanto no quede sin efecto por los medios establecidos en la Ley”, y apuntan que “deberá ser el Tribunal Supremo quien determine si el presidente de la Junta de Castilla y León, como autoridad delegada, tiene la facultad o no de modular el toque de queda para hacer frente a la pandemia”.
El Ejecutivo de la Comunidad, el primero en aplicar un adelanto en el toque de queda recogido en el estado de alarma, responde así después de que el Gobierno central anunciara esta mañana que ha dado orden para que se recurra el acuerdo del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, publicado en el Bocyl y vigente desde ayer sábado.
El escrito subraya que la decisión de adelantar la hora del toque de queda a las 20.00 horas “está amparada, según defienden los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León, en que en el momento en que se autoriza la prórroga del estado de alarma, se acuerda la modificación, por un lado, de los artículos 9 y 10 del Real Decreto, incluyendo en la regulación de la eficacia de las limitaciones, su posible modulación, flexibilización y suspensión, y por otro lado, la pérdida de la eficacia de lo expuesto en el artículo 5 cuando la autoridad delegada ejerza dichas facultades”.
En ese sentido, afirman que su disposición transitoria única sobre la “eficacia de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno” contempla expresamente lo siguiente: “La medida prevista en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, conservará su eficacia, en los términos previstos con anterioridad al comienzo de la prórroga autorizada, en tanto que la autoridad competente delegada que corresponda no determine, de acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, su modulación, flexibilización o suspensión”.
Según explica en en el comunicado, recogido por Ical, “la situación epidemiológica y sanitaria es de extrema gravedad en Castilla y León y en el conjunto de España”, ya que la incidencia acumulada se ha multiplicado por cinco desde el 1 de enero y el número de ingresados por COVID-19 se ha duplicado en los hospitales de la comunidad.
Por ello, reclaman “una vez más” al Gobierno de España “instrumentos jurídicos seguros, si es que discute los existentes, que permitan a las comunidades actuar con rapidez para doblegar la curva de contagios y salvar vidas”. “Es imprescindible que el Ejecutivo central ejerza ya su liderazgo y la coordinación con las autonomías”, subrayan.
Por último, piden encarecidamente a todas las personas de Castilla y León que reduzcan al máximo su movilidad y contactos sociales, con el fin de frenar esta grave tercera ola de la pandemia.