La Junta prevé aprobar el jueves la norma para endurecer las sanciones por incumplir las medidas de seguridad por la pandemia
El consejero Ibáñez justifica la suspensión del Consejo de Gobierno extraordinario de ayer por no tener listos los informes para adoptar actuaciones contra el COVID

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, avanzó hoy que, previsiblemente, la norma para endurecer el régimen de sanciones por incumplir las medidas de seguridad por la pandemia, como los cierres preventivos para establecimientos incumplidores, se aprobará en el Consejo de Gobierno del próximo jueves, 18 de marzo. También, analizará la adaptación de la orden de las restricciones comunicada por el Consejo Interterritorial de Salud al marco normativo regulatorio de la Comunidad en periodos como la Semana Santa.
Durante la presentación del decreto del Teletrabajo en la Administración y la Guía de Transformación Digital del empleado público, Ibáñez justificó, según recogió la Agencia Ical, la suspensión ayer del Consejo de Gobierno extraordinario para analizar la evolución de la pandemia del COVID ante la imposibilidad de contar con los informes que permitieran aprobar las normas sobre las limitaciones durante la Semana Santa y en el ámbito sancionador.
“Los equipos que trabajan en estas cuestiones lo hacen con toda la celeridad posible pero a veces requieren de los informes pertinentes para poder aprobar esos instrumentos. Ayer, no teníamos la capacidad para tomar esas decisiones y esperamos que la culminación de esos trabajos nos permitan tenerlos dispuestos para el jueves”, subrayó.
El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, avanzó tras la celebración del Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el pasado 8 de marzo que la administración autonómica trabajaba en un borrador para endurecer el régimen sancionador para que “los que cumplen no se vean perjudicados” por los incumplidores. Igualmente, precisó que el cierre cautelar se podía levantar tras el expediente y con una multa o bien si la infracción es grave se plantearía la clausura durante dos años o cinco años en caso de una tipificación como muy grave.
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