La Junta quiere una Estrategia frente a la despoblación de consenso que “satisfaga” a todos los territorios
La portavoz de la Junta insiste en que se apruebe “cuanto antes” para su aplicación en la lucha de un problema que no es exclusivo de Castilla y León

La Junta de Castilla y León quiere que la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que apruebe el Gobierno “más pronto que tarde”, sea de consenso y “satisfaga” a los territorios con problemas de despoblación más allá de medidas individuales y específicas para algunas zonas que puedan perjudicar al resto cuando la pérdida es común y no exclusiva de esta Comunidad.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz del Ejecutivo, Milagros Marcos, trasladó esa posición en relación a que ayer en Soria la Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, Edelmira Barreira, indicara que no habría medidas específicas para las provincias con este problema y condicionara posibles exenciones fiscales a empresa que se instalen en esos territorios a la decisión del Ministerio de Hacienda.
Marcos puso el acento en la reivindicación al Gobierno para que la Estrategia Nacional, que planteó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en la última Conferencia de Presidentes, se apruebe “cuanto antes, si es en mayo mejor que en junio y más pronto que tarde”, si bien precisó que ello no supone “resignarse” a cualquier documento que no sea “positivo e interesante” para los ciudadanos de Castilla y León.
La consejera portavoz recalcó que el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha planteado medidas en el marco de la Comisión del Gobierno para el Reto Demográfico y se refirió a algunas medidas como el anuncio de 100 millones de euros para la lucha contra la despoblación recogidos en los presupuestos estatales.
“Hay que buscar un plan que satisfaga a todos los territorios con problemáticas similares es lo que se debe poner encima de la mesa”, defendió Marcos, si bien subrayó que, aunque la Junta pida medidas específicas para la Comunidad, que las acciones tienen que ser “firmes, contundentes y suficientes” cuando son zonas, provincias y comunidades las que tienen este problema, no sólo Castilla y León.
Aunque defendió que haya medidas adecuadas a cada territorio, también entendió que no sean “exclusivas ni específicas” si el problema es común a más zonas para no perjudicar a esas provincias o comunidades. “Tiene que haber un consenso y un acuerdo y ademas es un problema nacional y europeo no específico de Castilla y León”.
En cuanto a la posibilidad de exenciones fiscales, manifestó que no se habla de renunciar pero dentro de las posibilidades legales, por lo que calificó de importantes la implicación europea en el reto demográfico.
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