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RESUMEN DEL AÑO

La pandemia sacude con fuerza las residencias de mayores con más de 3.600 fallecidos que obligan a repensar el modelo asistencial

La consejera Isabel Blanco pidió disculpas a las familias por algunas de las decisiones no acertadas aunque aseguró que se hizo “lo humanamente posible” para no “abandonar” a los mayores

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La crisis sanitaria generada por la pandemia ha sacudido con fuerza y continúa haciendo estragos en las residencias de personas, que desde marzo pasado acumulan más de 3.600 fallecidos, entre los que tenían el COVID-19 confirmado (2.550) y los que poseían síntomas compatibles (1.100). Unos números que han obligado a la Junta a repensar el modelo, con la elaboración de una futura ley de atención residencial.

La situación en los centros de mayores estuvo por momentos, durante la primera ola, al límite con residencias en todas las provincias con la práctica totalidad de los ancianos y el personal infectado por el coronavirus, ante la escasez de equipos de protección individual (Epis). El primer material no llegó hasta una semana después de la declaración del estado de alarma. Posteriormente y en todo este tiempo, Familia ha repartido casi cinco millones y medio de euros para la adquisición de Epis, además de más de 4,4 millones de mascarillas y más de un millón de guantes.

El Ejército centró muchos de sus esfuerzos en la desinfección de estas instalaciones y la Junta se vio obligada a intervenir siete residencias, una medida excepcional pero necesaria tras comprobar que el manejo de la situación por la dirección y del personal del centro resultaba “materialmente imposible”. Además, se blindaron al exterior, con la suspensión de las salidas y visitas. Un informe elaborado por la Junta sobre la gestión de las residencias durante la primera ola concluyó que se deberían haber cerrado antes para evitar que el virus, que circulaba ya en Castilla y León, accediera a estos centros. Además, se repartieron dispositivos móviles para mantener una comunicación con las familias. El objetivo era evitar un mayor deterioro y aislamiento de estas personas con sus seres queridos.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aprovechó su comparecencia en las Cortes el 28 de abril, un mes después de la declaración del estado de alarma en España, para pedir disculpas a las familias de Castilla y León por algunas de las decisiones no acertadas en las residencias de personas mayores, afectadas por la pandemia. “Hemos intentado actuar de la mejor manera posible y hecho todo lo humanamente que hemos sabido”, aseguró. También subrayó que, en ningún caso, las personas mayores fueron “abandonadas” en Castilla y León.

Reconoció que los centros de personas mayores habían sido los más afectados por el coronavirus, ya que una vez que entraba en las residencias “se llevaba a mucha gente”. Hasta el punto que la morbilidad afectó al 18,9 por ciento (8.088 de un total de 42.859 residentes). Eso sí, variaba del nueve por ciento de Palencia y Zamora al 38 por ciento de Soria y el 44 por ciento de Segovia.

No en vano, es una enfermedad que se contagia fácilmente, además de dar la cara pasados unos días. Si a ello se le suma que los residentes en estos lugares tienen una edad elevada y con pluripatologías, lo que les convertía en una población altamente de riesgo, el resultado es que se trata de un colectivo muy indefenso ante la virulencia del COVID-19.

 

Muertos con más de 80 años

El 91 por ciento de los muertos con COVID-19 en residencias de la Comunidad tenía más de 80 años y la prevalencia de enfermedades previas es también muy elevada -56 por ciento con pluripatología crónica y el 48 por ciento, deterioro cognitivo-. Por otra parte, entre los fallecidos, la mitad contaba con gran dependencia y otro 20 por ciento era dependiente severo. Pese a las críticas de los grupos de la oposición, la consejera aseguró que el virus no entendía de residencias públicas o privadas ni de grandes o pequeñas.

Y es que Castilla y León es, después de Cataluña y Madrid, la comunidad con mayor número de personas residentes en el conjunto del país, con cerca de 41.000. La consejera recordó en octubre que la Comunidad fue también el tercer territorio, tras Castilla-La Mancha y Cataluña, con mayor riesgo de expansión del coronavirus, pero, en cambio, fue la sexta en cuanto a mortalidad (5,6 por ciento) en los centros residenciales, ligeramente por encima de la media nacional (5,3 por ciento). Desde el pasado 14 de marzo, han fallecido más de 11.000 personas con domicilio en residencias, por cualquier causa (ya sea COVID-19 u otras). Otros datos de interés son que, en todo este tiempo, se han confirmado cerca de 13.000 casos positivos y unas 12.000 ha superado la infección.

 

Equipos Covid residencias

Durante la primera ola de la pandemia, con un país que se vio desbordado por el nuevo virus y los hospitales al borde del colapso, un número importante de los residentes murieron en las propias residencias. Entre el 14 de marzo y finales de abril, por ejemplo, de los más de 2.000 fallecidos contabilizados en estos centros, 1.500 lo hicieron en esas instalaciones y 700 en los hospitales. Una situación que motivó la puesta en marcha de equipos Covid residencias que prestaron apoyo a los equipos de Atención Primaria y profesionales sanitarios de las residencias de personas mayores y de personas con discapacidad. No en vano, cerca de la mitad de los centros tuvo dificultades para incorporar profesionales de enfermería y uno de cada tres, para hacerse con personal médico.

Desde el inicio de la pandemia originada por el coronavirus, Familia aseguró llevar a cabo un seguimiento diario de los centros residenciales de la Comunidad, con la monitorización y el seguimiento diario de 1.214 centros de personas mayores (públicos y privados), de discapacidad y viviendas tuteladas. Hasta ahora, el 78 por ciento de los centros de mayores y discapacidad no tuvo casos de coronavirus activos ni fallecidos con la enfermedad. Además, el 64 por ciento de los centros de mayores (700) ha estado libre de contagios y en ellos reside el 51 por ciento del total de usuarios.

El fuerte impacto de la pandemia en las residencias puso de manifiesto la necesidad de adoptar medidas que garantizasen la correcta atención de las personas mayores. En este sentido, la consejera de Familia significó que ese colectivo ha sido y seguirá siendo una de las “prioridades” para la Junta. En todo caso, anunció que la futura ley de atención residencial contará obligará a los centros a tener un mínimo acopio de equipos de protección en función del tamaño de la residencia y el perfil de los usuarios así como una mayor exigencia de formación y preparación del personal directivo.

Además, se implantará una herramienta informática que permita conocer “en tiempo real” los usuarios de los centros y sus características en cuanto a su autonomía personal, el personal de que dispone cada centro tanto en número como de perfiles profesionales y sus incidencias. También, se reforzarán las inspecciones con una mayor plantilla, después de haberse conocido que solo había cuatro profesionales para estas labores en toda la Comunidad. La idea de la Consejería es continuar con la apuesta por el modelo de las unidades de convivencia y ‘En mi casa’ que, ofrece una atención integral, personalizada, centrada en la persona, superando ampliamente el modelo anterior basado en la provisión de cuidados fundamentalmente asistenciales y sanitarios.

 

Ayudas de urgencia social

La crisis sanitaria mundial afectó, sobremanera, a las personas en situación de vulneralidad, en riesgo de exclusión social y con menos recursos económicos. Solo durante el primer mes desde el estado de alarma, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades tramitó unas 1.500 prestaciones económicas para la cobertura de necesidades de subsistencia en situaciones de urgencia social, por un importe de medio millón de euros. Un dinero que sirvió para cubrir las demandas de alimentación, el pago de alquiler de vivienda, necesidades básicas de la vivienda y otros conceptos como cuidados personales, acondicionamiento del hogar y enseres y para hacer frente a la cuota hipotecaria.

Desde el inicio de la pandemia, la Junta ha destinado casi 7 millones para apoyar a las familias y las personas más desfavorecidas con el objetivo de cubrir sus necesidades básicas. Y es que la crisis sanitaria, social y económica que se avecina obligarán al Ejecutivo autonómico a contar con un presupuesto para el año próximo que supera los mil millones de euros. Se trata del mayor esfuerzo financiero en protección social desde la asunción de las competencias sociales.

Familia destinó 29 millones de euros en dos fondos extraordinarios COVID-19 para los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales para mejorar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente los dirigidos a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia. De esta manera, se buscaba compensar el cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros servicios similares.

El dinero también se utilizó para incrementar los dispositivos de teleasistencia domiciliaria y trasladar al ámbito domiciliario los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, higiene, y otros similares asió como reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales. Por último, sirvió para la contratación de cuidadores informales como a través de atenciones puntuales del servicio de ayuda a domicilio para menores de hasta 12 años confinados por protocolos Covid de su centro educativo.

 

Ingreso Mínimo Vital

Además, este año la Junta modificó la Ley Renta Garantizada de Ciudadanía de Castilla y León con el objetivo de hacerla compatible con el Ingreso Mínimo Vital del Estado. En el conjunto de Castilla y León, la Renta ha beneficiado este año a más de 12.000 familias, lo que supone cerca de 30.000 beneficiarios.

2020 concluyó con la presentación de la Plataforma del Tercer Sector, compuesta por Cáritas, Cermi, Cruz Roja, EAPN y Once, para canalizar la cooperación e interlocución entre todos sus miembros y con el Ejecutivo Autonómico, lo que permitirá optimizar los recursos de atención a las personas más vulnerables.

 

Teleasistencia avanzada

Antes de acabar el año, se modificó la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León por el que la Junta asumía en toda la Comunidad la prestación del servicio de teleasistencia avanzada, que será gratuito para todas las personas, además de garantizar la igualdad en el acceso en todo el territorio. De esta prestación, gestionada hasta el momento por las corporaciones locales, se benefician casi 26.000 personas.

También se dieron pasos en la tramitación del Anteproyecto de Ley que, a partir del año próximo, garantizará que las casi 178.0000 personas con discapacidad de la Comunidad puedan participar y decidir sobre su propia vida, fomentando la autodeterminación para lo que se establece un servicio de apoyo técnico y garantizando que, una vez que fallezcan sus progenitores o cuidadores, sigan recibiendo la atención que precisan.

Por último, la Consejería de Familia impulsó el programa Atrapadas, pionero en España, para impulsar la atención integral a mujeres víctimas de explotación sexual, ya facilitándoles un alojamiento tanto para ellas como para sus hijos, dispensar productos de alimentación e higiene e incluso potenciar su inserción laboral. También, la Junta firmó con la Delegación del Gobierno un protocolo para la coordinación en violencia de género en Castilla y León, por el que se podrá actuar de oficio cuando se detecte un caso de violencia de género aunque no haya denuncia previa.

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