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La población en riesgo de pobreza o exclusión social crece hasta el 23,1% en Castilla y León durante 2021 – HOY Castilla y León :: Noticias de Castilla y León
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La población en riesgo de pobreza o exclusión social crece hasta el 23,1% en Castilla y León durante 2021

Uno de cada cuatro castellanos y leoneses no puede permitirse ir una semana de vacaciones o hacer frente a pagos imprevistos

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El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, medido a través de la tasa Arope (por sus siglas en inglés, At Risk of Poverty or Social Exclusion), creció durante 2021 hasta situarse en el 23,1 por ciento en Castilla y León, de acuerdo al nuevo modelo que incorpora los empleos de “baja intensidad”, si bien este porcentaje se reduce al 22,4 por ciento con la anterior definición. En 2020, este indicador era del 19,8 por ciento, aplicando el sistema de cálculo utilizado hasta ese año.

Así se desprende de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2021, que publicó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE), que precisó que la nueva definición de la tasa Arope, acorde con la Estrategia Europa 2030, por lo que incorpora la población que está al menos en tres situaciones: riesgo de pobreza, carencia material y social severa y baja intensidad en el empleo.

De esta forma, la tasa Arope -nueva definición- sitúa a Castilla y León como la novena comunidad con más porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, pero por debajo de la media nacional que fue del 27,8 por ciento, frente al 27 por ciento de 2020. Las más elevadas se dieron en Extremadura (38,7 por ciento), Andalucía (38,7 por ciento) y Canarias (37,8 por ciento). En el lado contrario, se situaron la Comunidad Foral de Navarra (14,7 por ciento) y País Vasco (16 por ciento).

Igualmente, respeto al porcentaje en riesgo de pobreza, este indicador creció 2,8 puntos entre 2020 y 2021, al pasar del 15,1 al 17,9 por ciento, si bien este valor es inferior a la media nacional que fue del 21,7 por ciento. De nuevo, las más elevadas se dieron en Extremadura (32,3 por ciento), Andalucía (32,3 por ciento) y Canarias (28,4 por ciento). Comunidad Foral de Navarra (9,8 por ciento) y País Vasco (12,2 por ciento) presentaron las tasas de riesgo de pobreza más bajas.

El estudio también concreta que los ingresos medios anuales netos por persona se situaron en Castilla y León en 12.656 697 euros (41 menos que el año precedente), mientras que en España alcanzaron los 12.269, 23 menos que en 2020. Los más elevados (en 2021) se dieron en País Vasco (15.544 euros por persona), Navarra (15.269) y Madrid (14.836). Por su parte, los más bajos se registraron en Extremadura (9.500), Región de Murcia (9.931) y Andalucía (9.915).

La encuesta del INE, recogida por Ical, precisa que el 6,7 por ciento de los hogares de la Comunidad tiene “muchas dificultades” para llegar a final de mes, lo que supone más de dos puntos por debajo del pasado año cuando este porcentaje se situaba en el 8,4 por ciento. En el conjunto nacional la cifra asciende al 8,8 por ciento, 1,2 puntos menos que en 2019. Los hogares más apurados fueron los de Canarias (15,2 por ciento), Andalucía (12,5 por ciento) y Región de Murcia (11,8 por ciento).

El informe también refleja que el 24,1 por ciento de los hogares de Castilla y León no tenía en 2021 capacidad para afrontar gastos imprevistos, lo que supone un descenso de seis décimas en relación a 2020. No obstante, en este apartado los niveles de la Comunidad también son mejores que la media nacional, que se sitúa en el 33,4 por ciento. El INE también pone de manifiesto que el 26,4 por ciento de los hogares regionales no podía permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, seis puntos menos que la media nacional.

Además, el diez por ciento de los hogares experimenta retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal, un dato que se eleva hasta el 14,4 por ciento en el conjunto del país.

A nivel nacional, el aumento de la tasa Arope se produjo en dos de sus tres componentes. Así, el porcentaje de población en situación de baja intensidad en el empleo subió del diez al 11,6 por ciento y el de población en riesgo de pobreza pasó del 21 al 21,7 por ciento. Por el contrario, el porcentaje de personas residentes en hogares con carencia material y social severa se redujo dos décimas, hasta el 8,3 por ciento.

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