La Policía asegura que el tanatorio El Salvador utilizó tapas de ataúdes para incinerar algunos cadáveres

La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, se reúne con el presidente de la Unión de Consumidores de Castilla y León (UCE), Prudencio Prieto, para abordar el caso IGNIS. (Leticia Perez/ICAL)

El comisario jefe provincial de la Policía Nacional de Valladolid, Juan José Campesino, aseguró hoy que la empresa funeraria El Salvador utilizó féretros “incompletos”, como tapas de ataúdes, para incinerar algunos cadáveres. En otras ocasiones, apuntó que eran féretros normales, sobre todo si presentaban algún daño o estaban rayados, aunque también eran incinerados ataúdes de “malísima” calidad.

Tanto el mando policial como la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, negaron informaciones publicadas por algunos medios de comunicación en el marco de la Operación Ignis que hablaban de la posibilidad de haber utilizado palés de maderas, cajas de cartón o sábanas mortuorias. No en vano, precisaron que es “complicado” incinerar un cuerpo sin contar con un féretro o una superficie rígida. Entre otros motivos, porque el cuerpo se desplaza sobre una plataforma.

La delegada del Gobierno, quien hoy mantuvo una reunión con el presidente de la Unión de Consumidores de Castilla y León, Prudencio Prieto, confirmó que, de momento, ya se han registrado diez denuncias. Recordó que el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, que investiga las irregularidades en la actividad de la funeraria El Salvador, estima que 6.000 féretros fueron cambiados entre 1995 y 2015.

El comisario jefe aseveró que la Policía actuará de oficio en los casos en que no haya habido una denuncia, siempre y cuando encuentren documentación relacionado con la persona incinerada. Además, señaló que la investigación se circunscribe a esos 20 años pero también se estudiará si esta “mala praxis” tuvo lugar a partir de 2015 y hasta la actualidad.

Barcones reiteró el ‘modus operandi’ de la funeraria vallisoletana, liderado por los directivos de la empresa y algunos trabajadores, que realizaba presuntamente un cambio de los féretros antes de la incineración, al sustituir unos de calidad y de “alto nivel económico” por otros de menor calidad y más barato, con el fin de “revender” varias veces el más caro. “Queda muchísimo trabajo por delante para lograr esclarecer totalmente los hechos. Se trata de una investigación patrimonial muy compleja que va llevar tiempo porque, además, la funeraria no actuaba de la misma manera en todos los casos”, subrayó.

Revisar la documentación incautada

El Comisario Jefe afirmó que la investigación está en fase incipiente, porque los agentes se incautaron de una enorme cantidad de documentos y ordenadores que hay que analizar. La juez ya acordó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del dueño de la empresa y la prisión provisional eludible bajo fianza de 800.000 euros de su hijo, que actuaba como gerente de la funeraria, y aún permanece en prisión. Además, hay otras 13 personas que fueron arrestadas y han quedado en libertad provisional por la causa abierta por delitos continuados de estafa y falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.

La delegada del Gobierno abogó porque los posibles afectados por el fraude de la incineración de los ataúdes eviten esperas. De ahí que recomendara que las denuncias se presenten de lunes a viernes en la Comisaría de la Policía Nacional, en horario de mañana o tarde. De todos modos, afirmó que “si fuera necesario” se reforzaría el servicio.

Denuncia individual

El mando policial recomendó que “lo mejor y más rápido” es que los afectados por la trama presenten las denuncias de manera individual, aunque reconoció que hay gente que prefiere acudir a un bufete de abogados al ser un delito de estafa.

Ambos apostaron por que las personas que acudan a la Comisaría vayan con el modelo de denuncia, elaborado por la Policía nacional y la Fiscalía de Valladolid, para agilizar el trámite de los posibles denunciantes que se sientan afectados por los hechos investigados.

El documento especifica que, en el caso de que no exista contrato de seguro con alguna compañía aseguradora, es necesario aportar copia del contrato de prestación de servicios que se suscribiera con alguna de las sociedades denunciadas, así como el o los justificantes de pago de los servicios prestados (factura o comprobante bancario de transferencia realizada). También hay que especificar el coste de los servicios funerarios que recibieron y la relación familiar con el fallecido.

La delegada recordó que el denunciante únicamente será citado por la Policía o por el juzgado en el caso de que se le considere efectivamente perjudicado a la vista del resultado de la investigación. En caso contrario, no se efectuará ninguna otra comunicación.

El presidente de la Unión de Consumidores señaló que su organización se personará por la vía civil y criminal en los órganos judiciales. Además, Prudencio Prieto expuso la imposibilidad de presentar una denuncia conjunta al precisar que habrá que estudiar caso por caso, por ser diferentes. “Queremos dar una respuesta pronto, ágil y si es posible rápida por parte de la judicatura a estos hechos macabros”, declaró.