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La Sierra de la Culebra (Zamora) recibe dos millones de euros para su reforestación y recuperación de hábitats

El Gobierno insta a las comunidades autónomas a adaptar sus servicios de extinción de incendios al Real Decreto Ley aprobado el lunes

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La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, avanzó hoy que el Gobierno adjudicó a cuatro empresas locales dos millones de euros para la restauración hidrológica y forestal de la Sierra de la Culebra en Zamora. Las empresas dispondrán de siete meses para llevar a cabo actuaciones que se centran en estabilizar los suelos frente al peligro de erosión por lluvias y en recuperar la integridad de los ecosistemas afectados.

Así lo explicó hoy, tras ofrecer datos de la acción del Gobierno de España en Castilla y León en el último mes. En este sentido, se refirió al Real Decreto-Ley de medidas urgentes para mejorar la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales durante todo el año, y subrayó que la Junta de Castilla y León, como el resto de gobiernos autonómicos, dispone de cinco meses para adaptar sus servicios de extinción de incendios a la citada norma.

Asimismo, precisó que en España se han quemado este año del orden de 190.000 hectáreas de las cuales 170.000 se han malogrado en grandes incendios forestales, es decir, los que afectan a más de 500 hectáreas. En concreto, apostilló, se han producido 31 de estos grandes incendios forestales en toda España. “Es una cifra cuatro veces por encima de la media de la última década. Casi una tercera parte, diez, han ocurrido en Castilla y León”, indicó.

Al respecto, subrayó que de las 170.000 hectáreas quemadas, 71.000 lo han sido en Castilla y León, y Zamora es la provincia que se ha llevado la peor parte con más de 56.000 hectáreas devastadas.

Es por ello, que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) autorizó la adjudicación de los trabajos de restauración forestal de emergencia en el área afectada por este incendio en la Sierra de la Culebra, “uno de los más grandes de la historia de España”.

La zona quemada comprende 24.737,95 hectáreas zonas de alto valor ecológico y 15.114,88 hectáreas de ellas de superficie forestal arbolada. El fuego ha afectado a importantes enclaves de la Red Natura 2000, como son las Zonas de Especial Conservación de las Lagunas de Tera y Vidríales, la Sierra de la Culebra, la Riberas del Río Aliste y afluentes y las Riberas del Río Tera y afluentes.

“También se han visto dañados 15 hábitats de interés comunitario diferentes, de los cuales tres son considerados como prioritarios. Por otro lado, también se han visto afectadas 16.853 hectáreas dentro de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra, de gran importancia económica para la zona”, indicó.

La delegada precisó que aunque las competencias en prevención y extinción de incendios forestales son de las comunidades autónomas, el Gobierno de España ha estado colaborando, ha estado ayudando, en todos ellos.

“En casi todos, con las BRIF y los medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En la inmensa mayoría, con la Unidad Militar de Emergencias del Ministerio de Defensa y, en absolutamente todos, con la Guardia Civil o la Policía Nacional en tareas de seguridad ciudadana, regulación del tráfico o desalojo de pueblos”.

Para Barcones, “las cifras son tan apabullantes que es obligatorio hacer algo”. En este contexto, significó, que el Real Decreto-Ley introduce mejoras en aspectos como la prevención, la extinción y la restauración de los terrenos forestales afectados,.

“La experiencia de los últimos años ha puesto en evidencia que el riesgo de los incendios forestales se extiende a todo el territorio y, cada vez más, de forma desestacionalizada. Atender debidamente a este nuevo escenario requiere disponer de un instrumento nuevo, de mayor alcance que los planes de defensa hasta ahora previstos solo para las zonas y las épocas de alto riesgo”, indicó.

 

Inversión social

Asimismo, Barcones recordó, que en este mismo Consejo de Ministros, el del pasado lunes, se aprobó también, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la distribución de 52 millones de euros para que la Junta de Castilla y León refuerce la economía de los cuidados y las políticas de igualdad e inclusión social, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Esta partida corresponde a tres líneas de actuación: la primera es el Plan de apoyos y cuidados de larga duración, que contempla actuaciones dirigidas a incluir nuevos equipamientos públicos y a remodelar los ya existentes, así como a invertir en equipamientos domiciliarios, con el uso de la teleasistencia avanzada y tecnologías similares.

Esta iniciativa tendrá un impacto fundamental en todo el territorio, con especial incidencia en el medio rural, lo que contribuirá a reforzar la vertebración del país y a avanzar en cohesión social y territorial como objetivos fundamentales del Plan de Recuperación.

La segunda línea de actuación es el Plan de modernización de los servicios sociales dirigido a favorecer la transformación tecnológica de los servicios sociales, con el fin de mejorar su eficacia y calidad.

Y la tercera línea, es el Plan España País Accesible, que persigue el objetivo de seguir eliminando barreras en el acceso a los servicios de la administración pública, en la educación, en el trabajo o en el transporte, con el fin de construir un país más inclusivo en todo nuestro territorio para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

El Consejo de Ministros aprobó también la distribución de 23 millones de euros a Castilla y León para la transformación digital de las administraciones públicas en los ejercicios 2022 y 2023. La Junta recibirá 12 millones de euros en el presente año y 11 millones de euros en 2023.

Y, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Consejo de Ministros del lunes aprobó un Real Decreto que regula la concesión de subvenciones a las comunidades autónomas para financiar la prestación de una ayuda económica directa para las personas beneficiarias del régimen de Protección Temporal, afectadas por el conflicto de Ucrania que carezcan de recursos económicos suficientes. De la inversión total de 52.800.000 euros, a Castilla y León le corresponden 1.812.000 euros.

Gracias a esta subvención, se financiará el pago de una ayuda de 400 euros al mes por persona adulta que tenga la condición de destinataria final de la prestación, más 100 euros al mes por menor de edad a cargo, así como los gastos de gestión en los que incurran las autonomías.

De los 3.560 refugiados de la guerra en Ucrania en Castilla y León, 182 han solicitado la protección temporal en Soria.

 

Salud Mental

Barcones ha ofrecido un último apunte del pasado Consejo de Ministros. Esta vez, a propuesta del Ministerio de Sanidad, se aprobó la distribución territorial para el ejercicio presupuestario de 2022 de 16 millones de euros destinados al Plan de Acción de Salud Mental, de los cuales la Junta de Castilla y León contará con 865.000 euros. El acuerdo se someterá al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Estos fondos estarán gestionados por la comunidad autónoma y servirán para impulsar las acciones del Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024, que tiene como objetivo afrontar los efectos en la salud mental de la población generados por la pandemia de la covid-19, mediante el desarrollo de acciones priorizadas de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 en todos los ámbitos del Sistema Nacional de Salud.

“Si sumamos estas cuatro cantidades –ha dicho la delegada, los 51,5 M€ para economía de los cuidados, los 22,5 M€ para transformación digital de las administraciones públicas, los 1,8 M€ para familias vulnerables que huyen de la guerra de Ucrania y los 860.000 € para el Plan Acción Salud Mental, son 75 M€ los que recibirá la JCyL del Gobierno de España de un solo Consejo de Ministros, el del pasado lunes”.

“No les extrañará –ha concluido- que la cifra de dinero que ha recibido el Gobierno autonómico para lanzar sus convocatorias dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sea ya de 1.100 millones de euros que la Junta tiene que gestionar con diligencia y eficacia”.

 

Bonificación trenes

La delegada del Gobierno ofreció también unas pinceladas sobre la acción de Gobierno durante el mes de julio pasado. Así, se refirió a que el Gobierno garantiza la gratuidad de los títulos multiviaje de Renfe en Cercanías y media distancia desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2022. Para estos billetes la bonificación será del 100 por cien.

En Soria, que cuenta con una línea a Madrid, de Media Distancia Convencional, y que es Obligación de Servicio Público, aquella persona que realice en los cuatro meses de aplicación de la medida más de 16 viajes, es decir cuatro viajes al mes de media, no pagará absolutamente nada. Por la adquisición del abono pagará una fianza de 20 euros que le será devuelta si realiza esos como mínimo 16 viajes.

Pero además de lo que ya se había anunciado, el Consejo de Ministros del lunes también añadió en este real decreto-ley la creación de descuentos del 50 por ciento para usuarios recurrentes en determinados servicios de alta velocidad no declarados obligación de servicio público, en los que el tiempo de viaje sea menor a 100 minutos y en los que no existan acuerdos marco de reserva de capacidad en vigor. Es decir, aquellos corredores en los que está previsto que entren nuevas empresas a operar en el corto plazo o en los que ya están operando más de una compañía ferroviaria.

Así, la medida afecta principalmente a rutas internas de Castilla y León, a las conexiones con Madrid desde Palencia, Zamora y Burgos, al León-Valladolid o al Ourense-Zamora.

Por último, también se refirió a las becas puesto que se complementarán con 100 euros mensuales las becas de todos los estudiantes mayores de 16 años. “Estamos hablando –ha dicho- de unos 22.000 no universitarios en Castilla y León y otros 20.000 que cursan estudios en las universidades de esta comunidad autónoma. En Soria, unos 650 no universitarios”.

Además, se pondrá en marcha el Programa Código Escuela 4.0 para el desarrollo de competencias digitales (programación, pensamiento computacional y robótica) de los alumnos y alumnas de Infantil, Primaria y ESO de los centros sostenidos por fondos públicos.

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