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Las Cortes de CyL piden el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad

El Grupo Socialista se desmarca del texto del PP, apoyado por Cs y Podemos, por solicitar “algo que se lleva a cabo”

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Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy una iniciativa del Grupo Popular en la que se pide la dignificación de los funcionarios de prisiones, con la mejora de sus salarios y medios, y su reconocimiento por ley como agentes de la autoridad.

Fue en la Comisión de la Presidencia de las Cortes en la que la proposición no de ley del PP recibió el respaldo de Ciudadanos y de Podemos, pero no así del Grupo Socialista, quien consideró que es un texto “extemporáneo” porque todas las reivindicaciones recogidas se encuentran en la ley de cuerpos que negocia el Gobierno.

“A fecha de hoy los funcionarios de prisiones están muy desprotegidos y muy abandonados”, afirmó el popular Pablo Trillo-Figueroa al presentar la proposición no de ley de su grupo en la que demandó la modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria y las normas que la desarrollan para que tengan el agentes de la autoridad.

En la iniciativa registrada en febrero de 2020 y aprobada hoy, se pide la equiparación salarial para corregir la brecha salarial existente en estos momentos con sus homólogos de Cataluña, se apuesta por una carrera profesional y formación adecuada atendiendo a las características y especialidad de las funciones desempeñadas, se demanda aprobar una oferta de empleo público extraordinaria, incrementar sus medios técnicos y materiales y dar solución a la problemática específica del personal adscrito al Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.

En Castilla y León se ubican actualmente ocho centros penitenciarios, uno por cada una de las provincias de la Comunidad, con excepción de Zamora (la llamada Cárcel de la Concordia se cerró en la década de los noventa del pasado siglo), además de seis Centros de Inserción Social en las provincias de Burgos, León, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora en los que trabajan más de 3.000 empleados públicos,

“Es curioso que se hagan eco de unas reivindicaciones y desoídas, que existían cuando gobernaba el PP”, argumentó la socialista Yolanda Sacristán, quien subrayó que las propuestas de la PNL están en la ley de cuerpos que negocia el Gobierno, por lo que tildó de “extemporánea” la iniciativa y se sorprendió de que no fuera retirada.

Sacristán se refirió al respaldo desde el Gobierno a estos empleados públicos y destacó la convocatoria de una oferta pública de 1.100 plazas, así como que el presupuesto de 2021 aumente un 9,5 por ciento en gastos de personal en el ministerio competente. “Vamos a votar no porque solicitan algo que se lleva a cabo”, zanjó.

Por su parte, Laura Domínguez (Podemos) compartió que se dignifique la labor de los funcionarios de prisiones y las medidas propuestas en la iniciativa popular, aunque no reconoció que hoy haya reclusos más peligrosos que hace años, si bien expresó el respaldo a la PNL.

También, Ciudadanos mostró el apoyo a la iniciativa del PP, convencido de la necesidad de dignificar y proteger a un colectivo esencial, como explicó Teresa Gago, quien reclamó que sean de los primeros vacunados.

 

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