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Las Cortes defienden el derecho a la educación y la libertad en la elección de centros por las familias – HOY Castilla y León :: Noticias de Castilla y León
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Las Cortes defienden el derecho a la educación y la libertad en la elección de centros por las familias

PP y PSOE se acusan de “crear problemas donde no lo hay” en una iniciativa de los ‘populares’ que no recibe unanimidad

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Los Cortes de Castilla y León aprobaron hoy, aunque no por unanimidad, la defensa de los principios constitucionales sobre la educación y la libertad de la enseñanza con un respaldo a los centros concertados, en un debate marcado por un cruce de acusaciones mutuas entre PP y PSOE de “crear problemas donde no los hay”.

La popular Paloma Vallejo presentó su iniciativa con la pregunta a los grupos de la oposición, en concreto al PSOE, si respetan la educación en el artículo 27 sobre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y argumentó que el proyecto de ley socialista sobre la llamada LOMLOE “cuestiona el primer gran pacto educativo de la Transición”.

En su exposición, manifestó que las declaraciones de la ministra en funciones de Educación, Isabel Celáa, han causado inquietud en el sector educativo por no haberse hablado ni existir un acuerdo y defendió que en Castilla y León la educación concertada representa el 30 por ciento. “Les pedimos que den tranquilidad a la sociedad educativa”, solicitó.

En concreto, el texto aprobado con los votos de PP, Cs y Vox, en contra de PSOE y Podemos y la abstención de UPL y Por Ávila, plantea que se sitúe en el mimso plano de iguladad el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, mediante su desarrollo armónico, garantizar que los padres elijan el tipo de educación, defender la red de centros concertados, apoyo a los centros de educación especial tanto públicos como privados o respetar el artículo que asiste a los padres a que sus hijos puedan recibir formación religiosa.

Por su parte, Marta Sanz (Ciudadanos) lamentó que la educación no esté entre los principales problemas del CIS, criticó que el modelo educativo se mueva por principios partidistas y defendió los artículos de la Constitución por la libertad y la igualdad, así como la dotación por ello a los centros concertados como “pieza clave” en la elección de las familias. “Ya está bien de cambio de leyes y cachondeo en la educación”, concluyó.

El socialista Fernando Pablos argumentó que la PNL popular quiere “crear un problema donde no le hay” ni “tiene razón de ser” los argumentos del proponente, leyó todo lo dicho por la ministra donde PP y Cs eludieron la última parte y una carta de un alto cargo de la Comunidad de Madrid en la que se señala que el derecho de la libre elección de centros no es un derecho universal.

“Si tuvieran un mínimo de vergüenza retirarían la proposición no de ley”, afeó Pablos, que pidió la votación por separado para cuatro puntos, en defensa del artículo 27 de la Constitución, para garantizar la existencia y gratuidad de centros de educación especial y red pública, reconocimiento de la red pública y la labor de los docentes y respetar el derecho de los padres a que sus hijos puedan recibir formación religiosa. .

En la réplica, Vallejo acusó al PSOE de ser “especialista en crear problemas donde no los hay” y mantuvo las declaraciones de la ministra, sobre las que insistió en que cuestionó la libertad en la elección de centro, sin aceptar la votación por separado. “Quieren una educación fragmentada”, elevó la voz la popular, que terminó con interrupciones desde la bancada socialista y el aplauso de la suya.

Todos los puntos de la proposición no de ley compartió el procurador de Vox, Jesús García-Conde, para subrayar que tiene que ser el Gobierno el que “brinde” esos derechos e insistió en defender la libertad de los padres en la elección del centro y de la educación que quiere para sus hijos.

Finalmente, Pablo Fernández (Podemos) pidió que las administraciones públicas destinen todo su esfuerzo a potenciar la educación pública, dio la bienvenida al PP en la defensa de la Constitución pero añadió que ésta no dice y tampoco el Tribunal Constitucional que se deba dotar de recursos a la “voluntad privada”, por ello criticó que se transfieran 1.600 millones en cinco años a la concertada en la Comunidad.

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