El número de denuncias por víctimas de violencia de género en Castilla y León se disparó en el primer trimestre un 25,6 por ciento en relación al mismo periodo de 2022, hasta totalizar entre enero y marzo 1.607, frente al importante incremento, aunque mucho más moderado, del 10,9 por ciento del conjunto de España, donde se contabilizaron 46.327 denuncias, según recoge el Informe anual sobre violencia de género hecho público hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Igualmente, el número de mujeres víctimas por este tipo de violencia que se presentaron ante los juzgados se elevaron de forma paralela, concretamente un 26 por ciento, con un total también de 1.607 féminas, es decir, una por denuncia. También se incrementaron las órdenes de protección dictadas por los tribunales, dado que se incoaron 474 (26,7 por ciento más) y se adoptaron 368 (33,8 por ciento).
A nivel nacional el comportamiento fue similar. El número de mujeres víctimas de la violencia de género aumentó un 11,5 por ciento, con 45.154 personas. Además, se incoaron en los órganos judiciales 11.658 órdenes de protección. De ellas, 9.879 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 1.779, por los de guardia. De las 1.607 víctimas de violencia de género en la Comunidad, dos de cada tres (1.091) eran españolas. Del total, una de ellas era menor, en este caso extranjera.
En cuanto a la tasa de mujeres víctimas de violencia de género, Castilla y León cuenta con la tercera tasa más baja de víctimas, con 13,3 por cada 10.000 mujeres, por encima de País Vasco y Galicia, con 13,1 y 12,4, respectivamente. Por contra, destacan por encima de la media nacional, que fue de 18,4 puntos, Murcia, con una ratio de 26,4; Comunidad Valenciana, con 25,6, y Baleares, con 26.
Entre enero y marzo, el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales de Castilla y León fue del 83,6 por ciento en los juzgados de violencia sobre la mujer.
“Confianza”
Con estos datos, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, observa cómo los datos del primer trimestre del año muestran una vez más un incremento, muy similar en términos porcentuales al registrado en el cierre del pasado año, tanto en el número de mujeres víctimas como en el de denuncias presentadas.
Carmona señaló la importancia de que el porcentaje de mujeres que denuncian a sus agresores ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o ante la Justicia se mantenga de forma sostenida en torno al 70 por ciento y plantea que uno de los retos a los que se enfrenta la lucha contra la violencia machista es el de “seguir mereciendo la confianza de todas esas mujeres, unido al de ganarse la confianza del resto de víctimas”. “Debemos ser capaces de conseguir que todas ellas sientan que dando ese difícil paso que es denunciar a su pareja o ex pareja, están abriendo la puerta a un futuro mejor para ellas y para sus hijas e hijos. Cuando cruzan la puerta del juzgado o de la comisaría, deben sentirse seguras”, afirmó la presidenta del Observatorio.
El aumento del número de víctimas y de denuncias tiene, como ocurrió a finales de 2022, una “doble lectura”. Por un lado, lo calificó como “dato positivo” porque muestra que “las víctimas no se callan, denuncian”; pero, por otro, significa que la violencia de género en España sigue haciendo “mucho daño a muchas mujeres”.
Por esta razón, la presidenta del Observatorio insistió en la enorme importancia de la denuncia, que es también la única forma de no dejar impune la comisión de estos delitos. “La denuncia pone en marcha la maquinaria de la Justicia, que actúa con absoluto respeto de las garantías procesales de todas las partes y que es la única vía de castigar al agresor cuando, tras la celebración de un juicio justo, se demuestra la veracidad de los hechos denunciados”, aseguró Carmona, quien añadió que “no denunciar equivale a impunidad” y lanza un mensaje muy negativo: “Da la idea de que los agresores quedan exentos de responsabilidad”.
Finalmente, la presidenta del Observatorio considera muy relevante el aumento de las órdenes de protección concedidas (6,6 por ciento más), que es muy parejo al incremento de las solicitudes recibidas en los órganos judiciales (un siete por ciento). Los jueces adoptaron la medida de alejamiento en siete de cada diez solicitudes, lo que muestra no sólo la preparación de los integrantes de la carrera judicial en esta materia, sino también su “sensibilidad en relación con la situación que viven las mujeres víctimas”.
La misma valoración positiva merece el aumento que, dos años después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia, sigue experimentando la medida civil consistente en la suspensión del régimen de visitas. “Lógicamente, no alcanza los porcentajes de los primeros trimestres que siguieron a la entrada en vigor de la ley”, afirmó Carmona, pero está próximo al veinte por ciento (18,72 por ciento), dato que vuelve a mostrar la “gran profesionalidad de jueces y juezas”.