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Las empresas de Soria, Cuenca y Teruel recibirán 160 millones anuales de las ayudas europeas para reducir los costes laborales – HOY Castilla y León :: Noticias de Castilla y León
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Las empresas de Soria, Cuenca y Teruel recibirán 160 millones anuales de las ayudas europeas para reducir los costes laborales

El ‘lobby’ de la despoblación planteará al Ministerio de Hacienda que las subvenciones se apliquen de forma automática con una reducción directa a las cuotas de las Seguridad Social

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Las pequeñas y medianas empresas y autónomos erradicadas y de nueva creación en Soria, Cuenca y Teruel podrían recibir 160 millones de euros anuales, de los que 40 se corresponden con la provincia de Soria, tras la aprobación por parte de la Comisión Europea de las directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 2022-2027, que incluyen que reciban subvenciones equivalentes a un 20 por ciento de los costes laborales que soportan.

El ‘lobby’ de la despoblación en España, conformado por las tres patronales de Soria, Cuenca y Teruel, se muestra proclive a que esas ayudas se apliquen de forma automática con una reducción directa a las cuotas de la Seguridad Social, un aspecto que tendrán que negociar con el Ministerio de Hacienda, al cual requerirán una reunión inmediata.

La directora de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), Marian Fernández, destacó que esta nueva ayuda fiscal permitirá que las empresas sean más competitivas desde el punto de vista de los costes, pero anotó que la reversión demográfica, que se persigue, dependerá de la acción comercial y de otras políticas implantadas por las comunidades autónomas. “Tenemos una oportunidad de oro, que debemos aprovechar. Estas ayudas pueden marcar un antes y después en la economía de las tres provincias para contar con más y mejor tejido productivo”, aseguró.

El vicepresidente CEPYME Teruel, José Guillén, advirtió de que los 160 millones de euros que recibirán las tres provincias más deshabitadas de España es una cantidad “irrisoria” para la economía española, y matizó que las ayudas no perjudican al libre mercado ni a la competencia, ya que las tres economías provinciales apenas representan el 0,83 por ciento del PIB nacional; el 0,85 por ciento del total de empresas de España y el valor conjunto de las exportaciones de las tres provincias tan solo alcanza el 0,040 por ciento del conjunto nacional.

La decisión de la Comisión Europea, que ahora deberá ser aplicada por el Gobierno central a través del Ministerio de Hacienda, beneficiará al 95 por ciento de las empresas existentes en las tres provincias más despobladas de España con densidades de población inferiores a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

En concreto, de las 28.600 empresas de las tres provincias, solo 19 quedarían excluidas del nuevo paquete de ayudas, que corresponden a aquellas que tienen más de 250 trabajadores o un volumen de facturación superior a los 50 millones de euros. Además, también quedan excluidas las relacionadas con el sector primario (agricultura, ganadería, minería), energía, y consultorías, entre otras.

Los responsables de la gestión del las patronales de Soria, Cuenca y Teruel comparecieron en rueda de prensa para significar el primer gran hito conseguido a nivel económico del ‘lobby’ de la despoblación, fruto del trabajo de una década. Asimismo, evidenciaron que el conseguir esta ventaja fiscal supondrá generar un mayor dinamismo económico. “Es un antes y después en la economía de las tres provincias. Pensamos que se creará más tejido productivo y más moderno”, significó la directora de FOES.

Las patronales esperan reunirse lo antes posible con los técnicos del Ministerio de Hacienda para consensuar cómo aplicar esta ventaja fiscal, ya que se estudia o bien con una reducción directa de los coste a la Seguridad Social, algo que ya se aplica en Noruega con éxito, reducción del IRPF, o a través de la reducción de los precios de los suministro de terrenos, bienes y servicios, es decir, con unos precios diferentes a los establecidos por el mercado.

En cuanto al plazo de aplicación, aunque podría ser automática, la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) entiende que el Gobierno deberá aplicar la discriminación fiscal positiva y adaptarla al mapa de ayudas regionales, por lo que calculan que entrará en vigor el 1 de enero de 2022.

Fernández subrayó que la Red SSPA estudió el modelo aplicado en Noruega, que redujo las contribuciones a la Seguridad Social de forma automática, es decir, que las empresas redujeron sus costes sin necesidad de solicitarlo. “Este modelo nos parece adecuado porque en la última década Noruega ha ganado población; sus empresas han aumentado en competitividad y también se ha creado empleo”, determinó, para señalar, después, que a pesar de que este modelo “encaja” las patronales están dispuestas a explorar otras vías.

Asimismo, advirtió que la Comisión Europea ya ha marcado cuáles son las áreas despobladas de Europa (NUTS 2 y NUTS3), es decir, aquellas comunidades autónomas con menos de ocho habitantes por kilómetros o provincias con menos de 12,5, por lo que descartó que se integren en el nuevo mapa de ayudas regionales otras territorios, que pretenden “subirse al carro de la despoblación”.

Por último, afirmó que está es la forma de ayudar a las tres provincias, y agregó que los gobiernos autonómicos apoyan que las tres tengan un trato diferencial por ser “totalmente distintas al resto de España”.

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