Los alcaldes socialistas exigen a Mañueco la convocatoria de la Conferencia de Alcaldías para abordar el reparto de los fondos europeos
El Consejo de Alcaldes del PSCyL aprueba por unanimidad tres resoluciones que piden acuerdos para los mapas de la ordenación y rechazan recortes en la sanidad rural
El Consejo de Alcaldes y Alcaldesas del PSCyL exige al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la convocatoria inmediata de la Conferencia de Alcaldías y Presidencias de Diputación y a determinar la participación de las entidades locales en la gestión de los fondos Next Generation, que sitúan en el 15 por ciento.
Así lo recoge una de las tres resoluciones aprobadas por unanimidad en la reunión de este foro, que preside el soriano Carlos Martínez y que clausuró el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca. Además, advierten de que la definición de los mapas de ordenación del territorio exige acuerdos de Comunidad y piden la retirada en Consejo de Gobierno del plan de reestructuración de la Atención Primaria.
En materia de Ordenación del Territorio, los alcaldes y alcaldesas del PSOECyL se posicionan en contra del Proyecto de Ley de la Junta por el que se modifica la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León y propone al Grupo Socialista en las Cortes la presentación de una enmienda a la totalidad para pedir su retirada.
En la resolución sobre la gestión autonómica de los fondos Netx Generatión y la participación de las entidades locales, el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas socialistas exige al presidente de la Junta la convocatoria inmediata de la Conferencia de Alcaldías y Presidencias de Diputación para establecer el marco de cooperación entre la Junta y la entidades locales de cara al desarrollo de un proyecto de Comunidad capaz de aprovechar los fondos europeos y determinar la participación de las entidades locales en la gestión de los fondos Next Generation que, en ningún caso, será inferior al 15 por ciento.
“La definición de los mapas de ordenación del territorio exige acuerdos de Comunidad y ,por tanto, mayorías reforzadas en las Cortes y ningún mapa puede hacerse sin concretar la localización de servicios y su dotación”, recoge el texto de la resolución en la que los acaldes y alcaldesas socialistas subrayan que cualquier decisión para garantizar servicios públicos para hacer realidad los derechos sociales reconocidos en el Estatuto de Autonomía “debe partir de un modelo territorial de Comunidad, de un proyecto de desarrollo para cada comarca para dinamizar la actividad económica, el empleo y luchar contra la despoblación”.
Por ello, expresan su rechazo a cualquier recorte de servicios en el medio rural y urgen “la inmediata puesta en marcha del Fondo Autonómico de Compensación y el Plan plurianual de Convergencia Interior”.
También se posicionan “en defensa de la sanidad pública, de la Atención Primaria y de la apertura de todos los consultorios médicos y la atención presencial” en una resolución en la que instan a la Junta a “retirar formalmente en Consejo de Gobierno el plan de reestructuración de la Atención Primaria, a proceder a la reapertura efectiva de los consultorios locales con la frecuencia anterior a la pandemia y a que las consultas de medicina y enfermería vuelvan a ser presenciales tanto en el mundo rural como urbano.
Los alcaldes y alcaldesas socialistas reafirman su voluntad de dialogo y colaboración en la mejora de la sanidad pública, pero, advierten, “ningún diálogo puede plantearse sobre la base de aceptar los recortes realizados. Nunca vamos a ser cómplices“ señala la resolución aprobada que reclama a Mañueco la recuperación de la plantillas de profesionales sanitarios y no sanitarios de Sacyl, califica de “imperdonable” el retraso de las mayor parte de las infraestructuras sociales prioritarias y considera “urgente e irrenunciable” la puesta en marcha de un servicio público de radioterapia en cada una de las provincia y en la comarca del Bierzo
Finalmente, reclaman a la Junta la aprobación de manera inmediata de un plan de choque de reducción de listas de espera y garantizar por Ley unos tiempos de espera máximos.
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