El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León (CPFCyL) se sumó hoy a la denuncia del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) al advertir que la Administración “está fomentando el intrusismo y poniendo en riesgo la salud de la población” al derivar pacientes de Atención Primaria a gimnasios para su tratamiento.
Desde el CPFCyL, en conjunto con el CGCFE y la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), recuerdan, en un comunicado remitido a Ical, que ya denunciaron esta situación con anterioridad cuando, a través del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Deporte del 9 de mayo de 2022, se acordó implementar programas de prescripción de ejercicio mediante derivaciones físicas realizadas por personal médico y de enfermería de Atención Primaria. Estas derivaciones se realizarían hacia lo que se llamarán Unidades Activas de Ejercicio Físico, establecidas en centros deportivos públicos y dirigidas por profesionales de la educación físico-deportiva.
Los Consejos Generales de las profesiones sanitarias en España, en un manifiesto del 21 de noviembre, exigieron que se excluyera a personas con patologías de este plan, ya que la prescripción es un acto sanitario que siempre debe realizarse entre profesionales sanitarios. Asimismo, se pidió que se considerase que la aplicación de ejercicio como tratamiento para pacientes es “un acto sanitario que debe ser llevado a cabo por personal sanitario”.
Ahora, el CGCFE ha emitido un nuevo comunicado, respaldado por el CPFCyL, en el que destaca que «los fisioterapeutas, desde hace más de 50 años, tienen la competencia legal de realizar ejercicio terapéutico sobre los pacientes, están formados y capacitados para prescribir, diseñar, implementar, ejecutar y dirigir los programas de ejercicio que necesita un paciente, cara a mejorar o sanar su patología. Dentro de su práctica profesional, el ejercicio terapéutico es una de las terapias que más frecuentemente utiliza para el tratamiento de sus pacientes”.
Sin embargo, los fisioterapeutas no forman parte de este programa que se pretende implementar, ni como prescriptores de ejercicio terapéutico ni como receptores de derivaciones de otros profesionales sanitarios para la implementación del programa.Por eso, el CGCFE llega a señalar que “nos cuestionamos si los fondos europeos están siendo correctamente ejecutados, si el porcentaje de implantación de la formación, ridículamente bajo, no esconde un supuesto uso fraudulento de estos fondos”.
El CGCFE tampoco encuentra ninguna razón transparente “que explique cómo el Consejo Superior de Deportes, sin ninguna competencia sanitaria, y por tanto sin ninguna competencia en el tratamiento de patologías, insista en mantener el programa tal y como está estructurado”.
Por estos motivos, los fisioterapeutas de Castilla y León exigen la derogación de esta resolución y programa. En caso contrario, la profesión comenzará movilizaciones para “proteger a la ciudadanía de este ataque” y pondrá en conocimiento de la Unión Europea la utilización de estos fondos para que proceda a su investigación.