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Los trabajadores públicos exigen en la calle la jornada de 35 horas y anuncian que llevarán la reclamación a los tribunales – HOY Castilla y León :: Noticias de Castilla y León
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Los trabajadores públicos exigen en la calle la jornada de 35 horas y anuncian que llevarán la reclamación a los tribunales

Los sindicatos sitúan el seguimiento de la huelga en un 60% de los empleados fuera de servicios mínimos

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Rubén Cacho / ICAL Unas 300 personas participan en una concentración frente a la Delegación de la Junta en Valladolid con motivo de la huelga general por la jornada de 35 horas

 

Los trabajadores públicos se concentraron este mediodía frente a las delegaciones territoriales de las nueve provincias de Castilla y León para exigir “ya” el cumplimiento del acuerdo suscrito el pasado 21 de mayo sobre la aplicación de la jornada semanal de 35 horas para los funcionarios públicos de la Comunidad. Con proclamas contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Francisco Igea, los responsables de los sindicatos convocantes, CCOO, UGT y CSI-F, cifraron en torno al 60 por ciento el seguimiento de los trabajadores que podían hacer huelga debido a los servicios mínimos fijados por la Junta. Además, ratificaron la decisión de los servicios jurídicos de las tres organizaciones de llevar a los tribunales al Ejecutivo autonómico por este incumplimiento.

En Valladolid, el secretario autonómico de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) UGT, Tomás Pérez, denunció que la Junta “no ha cumplido absolutamente nada ni piensa hacerlo”. “A partir de ahora vamos a seguir con movilizaciones, con todo, porque tenemos mil cosas preparadas. Vamos a empezar una iniciativa judicial y denunciaremos que no han cumplido el acuerdo a nivel judicial. Luego ya el tiempo es muy largo y esto es una carrera de fondo, pero ni los empleados públicos ni sus representantes vamos a olvidar que no tienen palabra”, afirmó.

Pérez aseguró que a lo largo de la mañana de hoy se han cerrado muchos quirófanos de los hospitales de la Comunidad, algo que confirmó el secretario provincial de la Federación de empleados públicos de UGT Valladolid, Javier Garrido, que aseguró que pese al seguimiento “dispar” de la convocatoria, sí ha tenido repercusión en servicios como la sanidad: “En Valladolid se han cerrado cuatro quirófanos y el laboratorio central del Hospital Clínico, por lo cual los datos numéricos probablemente no reflejen el trastorno que la Junta de Castilla y León está ocasionando en el día de hoy a toda la ciudadanía”, apuntó.

En ese sentido, la presidenta provincial de CSI-F en Valladolid, María José San Román, denunció que algunos servicios en los hospitales han tenido durante la mañana de hoy más personal trabajando que cualquier otra mañana, como el de Rayos del Clínico, que suele tener cinco técnicos de radiodiagnóstico y hoy contaba con siete, una situación que según comentó es extensiva a los servicios sociales, ya que en algunas residencias que suelen tener siete cuidadores por pabellón hoy habían contado con diez.

“El seguimiento en enfermería por ejemplo se ha vuelto muy complicado. Los servicios de urgencias de los hospitales de Valladolid tienen al personal de enfermería cien por cien con servicios mínimos, y así no se puede. De los que han podido hacer huelga aproximadamente el 60 por ciento la ha hecho, pero si la Junta ofrece los datos del total de empleados públicos lógico que sean datos más bajos”, explicó.

Por su parte, la secretaría de Acción Sindical de CSI-F Castilla y León, Raquel Fernández, lamentó que en la última propuesta planteada por el Ejecutivo regional se limite a anunciar la creación de “mesas técnicas en las cuales se estudiará el ámbito económico y de calidad que supondría la implantación de las 35 horas”. “En ningún momento la Junta de Castilla y León ha hecho una propuesta de volver a las 35 horas, sino de crear mesas técnicas para estudiar una serie de parámetros que no garantizan la vuelta a las 35 horas. Más bien todo lo contrario, la dificultan”, denunció.

También atendió a los medios en Valladolid la secretaria de Acción sindical de Sanidad y coordinadora de área pública de CCOO Castilla y León, Dalia Madruga, que señaló que el seguimiento está siendo “positivo” a lo largo de la jornada, pese a los “abusivos servicios mínimos”. “Lo más destacable es que los trabajadores son conscientes de que la Junta les ha engañado porque no ha ofrecido nada en realidad. Las 35 horas que propone a partir del 31 de marzo conllevan unas condiciones que son inasumibles, y la jornada de 35 horas no sería viables ni aplicable desde el 31 de marzo”, añadió.

Madruga recordó que la Administración firmó un acuerdo de aplicación de 35 horas para octubre de este año y no lo ha puesto en marcha pese a que “no tienen excusas”, ya que, en su opinión, “los presupuestos cuadran, personal seria suficiente para contratar y la equidad está resuelta en la medida que se proponía desde el primer momento de que si en algún lugar no se puede implantar desde el principio se le compensaría.”

En su opinión, “lo más grave del asunto es que todo el proceso va en detrimento de los servicios públicos de Castilla y León”, ya que las comunidades autónomas vecinas, como Extremadura, Castilla-La Mancha, País Vasco o Cantabria sí que tienen 35 horas, algo que provoca que “los profesionales de Castilla y León se van a otras comunidades”. “Este Gobierno está permitiendo que se vacíe Castilla y León empeorando las condiciones de trabajo respecto al resto”, refrendó.

Sobre la posibilidad de derivar la cuestión a los servicios jurídicos, afirmó que la Junta “se comprometió a publicarlo en el boletín oficial y no lo ha hecho” y que pueden denunciar “mala fe en la negociación”. “No va a quedar otro remedio que acudir a los juzgados una vez más, como ya pasó con la carrera profesional o con el concurso de traslados de personas funcionarias. Parece que este Gobierno no quiere resolver nada en la mesa de negociación y todo va a acabar en los juzgados. Esperemos que no sea así, les pedimos que reflexionen, que están a tiempo, y que tomen las medidas oportunas para respetar a los empleados públicos y a los ciudadanos y a sus servicios públicos”, concluyó.

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