La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha enviado una carta a todas las comunidades autónomas en la que les insta a que los abortos se practiquen en la sanidad pública, tal y como ordena la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
«El principal avance de esta ley es la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y cerca del domicilio de las mujeres. Para ello, la ley cuenta con diversas herramientas que todas las comunidades tiene la obligación de aplicar para garantizar todos los derechos de todas las mujeres», señalaron fuentes de Igualdad.
El Ministerio de Igualdad, con estas cartas, quiere instar también a que todas las comunidades den los pasos necesarios para garantizar que haya médicos y médicas no objetores en todos los hospitales públicos, «incluyendo si es necesario la contratación de médicos y médicas».
«La ley es clara en ese aspecto», destacaron las citadas fuentes, y «plantea la creación de registros de objetores en cada comunidad para así garantizar el acceso de las mujeres a su derecho al aborto, respetando siempre el derecho de los médicos y médicas a la objeción de conciencia».